Inmobiliaria demandó a ambientalistas de La Pona "por allanamiento": Antonio Arámbula

Mientras las obras en La Pona ya fueron suspendidas y se negocia la permuta o compra de los terrenos privados, las inmobiliarias Patrimonio y Próxima S. A de C. V -esta última con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los municipios más ricos de Latinoamérica- demandaron "por allanamiento" a los activistas que desde hace una semana tienen un campamento indefinido en el lugar.

Lo anterior fue revelado por el secretario de Gobierno estatal, el panista Antonio Arámbula López, en entrevista exclusiva con Yalma Arronte, para el programa Buenas Noches Aguascalientes del 30 de mayo.  

El funcionario de gobierno explicó que, al momento de pedirle a las inmobiliarias que detuvieran las obras, estas le hicieron saber que ya tenía una demanda en curso en contra de la sociedad civil que se organizó para cuidar La Pona.

"Yo creo que si quieren quedarse, está bien, nada más hay que recordar que, a fin de cuentas, todavía el terreno no es del municipio, no es de gobierno y es un terreno particular. Y también nos había comentado el empresario que había metido desde el primer día una demanda por allanamiento de terreno particular (...) Y bueno, yo soy respetuoso de las leyes y del derecho privado, pero le pediríamos a ellos que tengan paciencia con esto y que nos ayuden a entrar en diálogo con todos los manifestantes, activistas, ambientalistas y ciudadanía en general que se ha manifestado a favor del rescate de La Pona", dijo, pero el proceso jurídico sigue.

-Entonces ¿los particulares demandaron a los manifestantes?

-Sí. Cuando les pedimos que pararan la obra, ellos nos mostraron una demanda por allanamiento de terreno particular. Yo tengo una copia. Por supuesto no es así de rápido que el poder judicial la tramite, pero nos enseñó una demanda, que pedimos que por favor, que tuviera paciencia, que entendiera que es un tema social.

Sin embargo, de acuerdo a la ecologista Sofía Ponce, quien es además integrante de la organización civil Salvemos La Pona, el campamento, donde además se están llevando a cabo actividades culturales para concientizar, no está dentro de la parte privada, sino que se movió a los límites de las hectáreas que son Área Natural Protegida (ANP).

Al momento, la manifestación en La Pona continúa ya que, señalaron ambientalistas, no se irán hasta que tengan certeza jurídica de que las casi 32 hectáreas de este pulmón de la ciudad no serán tocadas por alguna inmobiliaria.

Además, dicha organización destacó que no fueron invitados a las mesas de diálogo y trabajo respecto a este territorio.

Durante la lectura de un posicionamiento, Salvemos La Pona aseguró que, tanto su campamento como su asociación civil no han sido invitadas a las mesas de trabajo de los gobiernos municipal y estatal sobre el tema.

"El campamento no se levantará de La Pona, ni vamos a descontinuar las actividades culturales, artísticas y de divulgación que tenemos programadas, debido a que han sido un bastión y símbolo de resistencia de la mezquitera, y punto de reunión de personas interesadas en su preservación completa, más allá de discursos vacíos o promesas", destacó la organización.

Y agregó: "seguiremos recabando firmas y no abandonaremos la activación de estrategias legales hasta tener certeza jurídica que contemple la preservación de las 31.4 hectáreas [...] y un programa de manejo integral, a través de un proceso transparente y de consulta pública para que decidamos en conjunto el manejo y rumbo de La Pona". 

El gobierno sí quiere conseguir La Pona, pero hace falta dinero

En la entrevista con BI Noticias, Antonio Arámbula destacó que ya se logró detener las obras en La Pona, y señaló que están "en la mejor disposición de diálogo y de llegar a la mejor solución, porque, a fin de cuentas, el gobierno también quiere quedarse con los terrenos de La Pona", dijo.

Sin embargo, "lo único difícil ha sido conseguir el dinero para adquirirlo del particular", agregó.

Las opciones que, hasta ahora, ha planteado el gobierno para recuperar todos los terrenos son el endeudamiento público, la permuta de predios, y se ha puesto sobre la mesa "bonificar, digamos, permisos de construcción de otros fraccionamientos, no ahí, a cuenta del terreno. El chiste es conseguir el dinero. El chiste es la negociación de esos 500 millones de pesos -que se estima que podría costar-, no quiere decir que lo que nos pidieron va a ser el número final. Por supuesto que es un número que ellos sacaron del valor catastral, pero no quiere decir que va a ser el que vamos a dar (...) estaremos negociando y haciendo un ofrecimiento más ventajoso para el gobierno y para Aguascalientes", concluyó.

_

Ahora puedes decir en voz alta “Alexa, reproduce BI Noticias” y también escucharnos en Spotify. Síguenos en Facebook, Instagram, WhatsApp, X, TikTok y YouTube. Mantente informado en tiempo real.