El gobernador que necesita Tere

Tere Jiménez enfrenta una decisión que podría resultar más importante para su futuro político que los cuatro años que lleva gobernando Aguascalientes: elegir a quién respaldar para sucederla. No porque tenga la facultad formal de designar al candidato del PAN, sino porque su influencia en el partido, su estructura territorial y sus relaciones nacionales la colocan en el centro de una negociación que difícilmente podrá resolverse ignorando sus preferencias.

El problema es que el gobernador que necesita Tere no necesariamente es el que necesita Aguascalientes.

El pasado 3 de octubre, su cuarto informe exhibió algo más que resultados administrativos. La presencia de dirigentes nacionales, gobernadores y figuras de distintas corrientes confirmó que Jiménez dispone de interlocuciones que trascienden su mandato. La gobernadora no parece haber agotado su horizonte político y su nombre forma parte de las conversaciones sobre el futuro del PAN rumbo a 2030.

Ese horizonte altera los incentivos de la sucesión de 2027.

Si Tere busca proyectarse nacionalmente, Aguascalientes dejará de ser únicamente el estado que gobernó para convertirse en parte de sus credenciales políticas. Necesitará que sus resultados perduren, que sus alianzas permanezcan y que la administración siguiente no desmantele la estructura sobre la cual construyó su autoridad.

Un sucesor con iniciativa propia puede alterar ese equilibrio.

Antonio Martín del Campo y Leonardo Montañez encarnan trayectorias políticas diferentes. El primero disputó la candidatura de 2022, negoció su permanencia dentro del proyecto panista y conserva relaciones propias. El segundo desarrolló parte de su carrera dentro del ciclo político encabezado por Jiménez y hoy gobierna la capital. La diferencia no demuestra que uno vaya a confrontarla y otro a obedecerla, pero sí permite identificar dos puntos de partida distintos para negociar la autoridad del próximo gobierno.

La cuestión que podría pesar en la decisión de la gobernadora no es solamente quién reúne mejores condiciones electorales, sino quién ofrece mayores certezas para la continuidad política que seguirá necesitando después de 2027.

Ahí aparece una contradicción difícil de administrar.

Un gobernador con autoridad propia puede revisar nombramientos, desplazar grupos, modificar prioridades y comenzar a construir un proyecto independiente. Pero uno que dependa excesivamente de su antecesora puede trasladarle también los costos de sus errores. La continuidad que preserva influencia puede terminar prolongando responsabilidades.

Por eso, la sucesión plantea una decisión entre diferentes riesgos políticos, no simplemente entre dos personas.

Hay otro elemento que suele pasar inadvertido. Martín del Campo ya participó en una negociación sucesoria que favoreció a Jiménez. Aquella solución permitió mantener la unidad partidista, pero no eliminó su autonomía ni sus aspiraciones. La competencia actual obliga a preguntarse qué peso conservan los acuerdos anteriores y qué nuevas concesiones estarían dispuestos a asumir los distintos grupos.

El PAN nacional tampoco puede desentenderse. Aguascalientes es una de las entidades que presenta como referente de sus gobiernos. Jorge Romero, presente en el informe, evitó definir públicamente su preferencia. El partido deberá conciliar sus procedimientos internos con las relaciones de poder que existen en el estado.

Pero existe una diferencia entre resolver satisfactoriamente una sucesión partidista y resolver las necesidades del siguiente gobierno.

Aguascalientes enfrentará decisiones sobre disponibilidad de agua, seguridad, transformación industrial y desarrollo urbano que podrían exigir revisar políticas, funcionarios y acuerdos heredados. La capacidad del próximo gobernador para hacerlo no debería quedar condicionada por obligaciones personales hacia quien abandone el cargo.

Tere Jiménez tiene razones legítimas para procurar continuidad. También puede aspirar a nuevas responsabilidades nacionales. Lo que debe examinarse es hasta qué punto esos intereses influirán en su participación en la definición del sucesor.

Porque si su peso resulta decisivo, también lo será su responsabilidad política sobre el perfil que contribuya a llevar al poder.

Ésa es la verdadera dimensión de 2027. No se trata únicamente de quién sucederá a Tere Jiménez, sino de cuánto poder político continuará vinculado a ella después de la sucesión.

Y la pregunta más incómoda permanece abierta: ¿podría respaldar a un gobernador que, una vez electo, ya no la necesitara?

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