Bajo lupa ciudadana, la renovación del INE

Esta semana, tres consejerías electorales completaron la herradura del Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López, cuyos puestos son fundamentales para la estabilidad política en México. Bajo su encargo, en los próximos nueve años, tomarán decisiones importantes para la elección de poderes públicos en 2027, 2030 y 2033.

Entre las atribuciones de quienes tomaron su lugar en el Consejo General del INE, destacan la supervisión de procesos electorales, declarar la validez de consultas populares, atender quejas y denuncias, aprobar reglamentos y lineamientos técnicos,  vigilar el cumplimiento de la paridad de género en las candidaturas, así como el acceso equitativo de los partidos a los tiempos de radio y televisión.

La función electoral demanda perfiles con una especialización técnica de alto nivel y una probada autonomía de criterio. No obstante, a pesar de que en la herradura de la democracia se dirimen aspectos que acaban por ser vitales para la gobernanza, el desarrollo económico y el Estado de derecho, poco se sabe sobre quiénes son y de dónde vienen las personas que conforman el órgano central del INE.

En esta ocasión, emergieron esfuerzos ciudadanos que dieron seguimiento al relevo de consejerías electorales, entre los cuales se encuentra el observatorio liderado por el aguascalentense Francisco Rojas Choza, un ejercicio de vigilancia técnica y crítica que facilitó un repositorio de puntajes de los cien aspirantes mejor evaluados, habilitó canales de interlocución directa con el Comité Técnico de Evaluación y analizó con rigor la implementación de acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria.

Diseñada en un formato amable, dicha página web ayudó a identificar las áreas de oportunidad en la transparencia metodológica que sustenta estos nombramientos. Si bien la Cámara de Diputaciones logró la designación mediante una mayoría calificada de 334 votos, el análisis del proceso revela la tensión intrínseca de nuestro sistema: mientras el derecho establece un procedimiento riguroso de exámenes y entrevistas, la realidad política de las últimas tres décadas confirma que estas posiciones suelen ser resultado de complejas negociaciones parlamentarias.

Cuando la frontera entre la idoneidad técnica y la cuota política se desdibuja, el escrutinio ciudadano actúa como un necesario contrapeso. En mi opinión, solo a través de la lupa ciudadana será posible transitar de una democracia de acuerdos cupulares a una de instituciones plenamente legitimadas por su transparencia y rigor. La estabilidad del futuro electoral mexicano se vigila hoy.

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