Se retrasa nuevo juicio contra Javier Duarte hasta 2027; insiste en que no desvió recursos

El nuevo juicio contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos federales durante su administración no iniciaría sino hasta mediados de 2027, luego de que un juez concediera una prórroga para el cierre de la investigación complementaria.

El plazo que originalmente se había establecido para concluir esta etapa y que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara formalmente su acusación y las pruebas correspondientes venció en agosto. Sin embargo, durante una audiencia celebrada el pasado 24 de septiembre, el juez a cargo del proceso autorizó una ampliación solicitada por las partes.

El nuevo plazo vencerá el próximo 24 de diciembre y todavía existe la posibilidad de que sea ampliado por otros tres meses.

Incluso si no se concede una nueva prórroga y la FGR presenta posteriormente su acusación durante la audiencia intermedia, la etapa de juicio oral no comenzaría sino hasta mediados de 2027.

Duarte fue vinculado a proceso el pasado 17 de febrero por el delito de peculado, en una resolución dictada por el juez federal de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor.

De acuerdo con la causa penal 667/2025, la acusación sostiene que el exmandatario habría ordenado y posteriormente legalizado el presunto desvío de recursos federales hacia fines distintos de aquellos para los que estaban destinados. La Fiscalía también ha presentado testimonios, entre ellos el de quien fuera su extesorero, para sostener que los recursos habrían sido utilizados en beneficio de Duarte.

A raíz de la vinculación a proceso, el juez impuso al exgobernador la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta determinación impidió que recuperara su libertad después de haber cumplido la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta en 2017 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) mantiene más de 20 carpetas de investigación abiertas contra el exgobernador por diversos presuntos desvíos de recursos federales señalados en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según información de la ASF, las irregularidades detectadas durante la administración de Duarte involucran recursos federales por más de 60 mil millones de pesos.

La defensa de Javier Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, sostiene que su cliente no se apropió de recursos públicos ni utilizó el dinero federal para enriquecerse.

Hasta ahora, los abogados han promovido tres juicios de amparo que permanecen en trámite. Uno de ellos cuestiona tanto la orden de aprehensión como la vinculación a proceso dictada contra el exgobernador y se encuentra ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México.

La principal línea de defensa consiste en argumentar que la vinculación a proceso fue indebida porque, a su consideración, no existen elementos suficientes para acreditar siquiera de manera inicial la existencia del delito de peculado, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La defensa sostiene que los recursos federales señalados en la acusación no fueron transferidos a cuentas personales o particulares de Duarte, sino que permanecieron en cuentas del gobierno de Veracruz. Desde esta perspectiva, argumenta que no estaría acreditado uno de los elementos necesarios de la hipótesis de peculado: que los recursos hubieran sido destinados en beneficio del acusado.

El propio Duarte ha sostenido desde la audiencia inicial que nunca utilizó recursos públicos para enriquecerse y que el dinero federal fue empleado para cubrir gastos y compromisos que, de acuerdo con su administración, eran prioritarios para el gobierno estatal.

También ha defendido que un decreto emitido al inicio de su administración para permitir el uso discrecional de determinados recursos federales se refería a participaciones federales no etiquetadas.

En otro de los amparos promovidos por su defensa, los abogados de Duarte argumentan que durante el proceso se habrían cometido violaciones al principio de especialidad previsto en el tratado de extradición entre México y Guatemala.

La defensa sostiene que el exgobernador fue entregado por Guatemala en 2017 bajo determinadas acusaciones y que el nuevo proceso correspondería a hechos por los cuales no fue extraditado.

Además, Javier Duarte enfrenta otro juicio de amparo relacionado con una acusación de desaparición forzada presentada en su contra.

Mientras continúan los procedimientos y las impugnaciones promovidas por su defensa, el proceso por el presunto desvío de recursos federales permanece en etapa de investigación complementaria y, salvo nuevas modificaciones al calendario judicial, el eventual juicio oral no comenzaría sino hasta 2027.

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