Revela gobierno red de contratistas favoritos del INE; recibieron más de dos mil mdp en diez años
El gobierno federal expuso este jueves 5 de noviembre una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, a quienes se les señala de haber obtenido contratos irregulares con organismos electorales a través de sus compañías.
De acuerdo a la información revelada, los antecedentes de la red datan de hace 27 años, y se informó que, tan sólo entre el 2015 y 2025, obtuvieron contratos por 2 mil 740 millones de pesos en procesos donde se simulaba competencia con otras empresas fachada.
La investigación fue presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y en ella se identifican seis empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos esa década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE, que serían los institutos locales electorales) para suministrar materiales utilizados en las elecciones. Luego, también habrían recibido contratos del INE.
Las revelaciones del gobierno ocurren luego de los señalamientos de presuntas irregularidades en las contrataciones del INE, que luego provocaron la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.
Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre 2015 y 2023, es decir, dese parte de la presidencia de Lorenzo Córdova y de Taddei en el INE, 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas.
Además, entre 2024 y 2025, se registraron otras adjudicaciones realizadas por 15 organismos electorales estatales que alcanzaron los 646.3 millones de pesos, según la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia PNT y del sistema histórico CompraNet.
Cabe recordar que, previo a la revelación del gobierno federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio para revisar 25 años de adquisiciones del INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales locales, con la intención de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el manejo de recursos públicos.
Antes del IFE e INE
La investigación presentada por el gobierno sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos eran parte del entonces Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, dependencia que, antes de las reformas electorales, organizaba y operaba las elecciones federales.
Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas (a quien se le vincula con Taddei) se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro Nacional de Población, un político vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Su hermano, Raymundo Hernández Casillas, trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987. Un año después, en 1988, se constituyó la empresa Cartonera Plástica, identificada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como uno de los antecedentes empresariales de la red que posteriormente participaría en las contrataciones electorales.
En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde incorporó a Alfredo Casillas como su secretario particular. Su hermano, a la par, ingresó al área de Investigaciones.
Durante los siguientes años, ambos, además de crear otras empresas, participaron en distintos espacios del sector público.
Contratos electorales
La Secretaría Anticorrupción identificó a la presunta red de compañías de los hermanos: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Según datos públicos, entre 2015 y 2023 estas empresas acumularon contratos por 2 mil 94 millones de pesos. En Sonora, donde Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral de esa entidad, los contratos sumaron 110.7 millones de pesos.
Algunos de los estados donde se registraron contratos con algunas de ellas fueron Chiapas, Baja California, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Ciudad de México, Yucatán, Zacatecas y Morelos.
Después, para el periodo 2024-2025, el gobierno identificó contratos que sumados ascienden a 646.3 millones de pesos.
_
Ahora puedes decir en voz alta “Alexa reproduce BI Noticias” y también escucharnos en Spotify.
Sigue a BI Noticias en Facebook, Instagram, WhatsApp, X, TikTok y YouTube. Mantente informado en tiempo real