Aprueban diputados reformas sobre desaparición de personas y creación de CURP biométrica

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una serie de reformas a la legislación en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, así como modificaciones a la Ley General de Población que contemplan la creación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, medida que ha despertado polémica por su posible uso en tareas de vigilancia estatal.

Con 438 votos a favor y 38 en contra, los legisladores avalaron la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otras bases de datos interconectadas para realizar búsquedas en tiempo real mediante la CURP.

Las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado para localizar e identificar a personas desaparecidas, mediante una coordinación estrecha entre el gobierno federal y las autoridades estatales, además de incorporar herramientas tecnológicas en las investigaciones.

De forma separada, con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones, se aprobó la reforma a la Ley General de Población, que establece la CURP biométrica como documento de identificación nacional, con elementos como huellas dactilares y fotografía, disponible en formato físico y digital.

Esta nueva CURP permitirá monitoreo en tiempo real y estará conectada con bases de datos de entidades públicas y privadas. La legislación obliga a instituciones como bancos, hospitales, empresas de telefonía, entre otras, a permitir el acceso a los datos biométricos por parte de autoridades como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad para labores de búsqueda.

Durante la discusión, la diputada Ana Érika Santana, del PVEM y exbuscadora de personas, reconoció que la reforma es un paso, aunque insuficiente, para atender la crisis de desapariciones. "Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que espera respuestas, no promesas ni política. Esta lucha no debe ser enfrentada solo por las madres buscadoras", afirmó entre lágrimas.

Desde Morena, la diputada Irma Juan Carlos defendió la reforma como resultado del diálogo con víctimas y colectivos, y afirmó que cumple con estándares internacionales en derechos humanos.

En contraste, la legisladora del PAN Martha Amalia Moya criticó que más de 300 colectivos de familiares de desaparecidos han manifestado su rechazo a la iniciativa, señalando que una base de datos no puede reemplazar el trabajo forense ni resolver la impunidad. "En un país con más de 72 mil cuerpos sin identificar y al menos 22 madres buscadoras asesinadas, ¿de verdad creemos que esta reforma resolverá el problema?", cuestionó.

Por su parte, el diputado priista Alejandro Domínguez denunció que Morena busca "apoderarse de los datos personales de los mexicanos para ejercer control sobre la sociedad".

"Esta reforma no responde a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas; es una simulación", subrayó.

Tras su aprobación en lo general, se abrió la discusión en lo particular de las reservas presentadas por las distintas bancadas. Las reformas aún deben ser ratificadas por el Senado y, en el caso de la CURP biométrica, establecer lineamientos técnicos y mecanismos de resguardo de datos sensibles.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias buscadoras han advertido que vigilarán de cerca la implementación del nuevo sistema y su posible impacto en la privacidad y seguridad de la ciudadanía.

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