Aprueba comisión de San Lázaro nueva Ley de la Guardia Nacional; oposición denuncia militarización
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara para su discusión en un periodo extraordinario de sesiones.
Con 22 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de la nueva Ley de la Guardia Nacional, que establece el traslado formal de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como nuevas facultades en tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas, previa autorización judicial.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara para su discusión en un periodo extraordinario de sesiones, en medio de una intensa confrontación entre oficialismo y oposición. Legisladores del PAN y del PRI acusaron que la iniciativa representa un paso más hacia la militarización de la seguridad pública en el país.
"Están consolidando un modelo autoritario donde la seguridad se militariza y se debilita el control civil", advirtieron representantes de la oposición durante la sesión.
Por su parte, diputados de Morena y sus aliados defendieron la propuesta, asegurando que la Guardia Nacional mantendrá un mando civil, ya que la cadena de mando culmina en la presidenta de la República, quien tendrá la facultad de nombrar al titular de la comandancia, a propuesta del titular de la Sedena.
El dictamen define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, compuesta por personal militar con formación policial, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Entre sus nuevas atribuciones se incluyen:
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Realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención del delito.
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Ejecutar operaciones encubiertas y emplear usuarios simulados.
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Solicitar la intervención de comunicaciones privadas, con autorización de un juez, cuando existan indicios suficientes de la organización de un delito.
La corporación también estará encargada de la vigilancia en zonas fronterizas, aduanas, puentes, pasos limítrofes, carreteras federales, aeropuertos y espacio aéreo, y podrá celebrar convenios de colaboración con gobiernos estatales y municipales para acciones coordinadas de seguridad.
En cuanto al mando, el texto establece que la comandancia de la Guardia Nacional deberá ser ocupada por un general de división y que esta figura será designada por el Ejecutivo federal a propuesta de la Sedena.
A pesar del creciente poder militar, el dictamen mantiene un mecanismo de control parlamentario: cada año, en febrero, el Ejecutivo deberá rendir un informe escrito al Senado sobre las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el periodo anterior.
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