Llevó su auto a que se lo lavaran y se lo vendieron
Al llegar a recogerlo el negocio ya no existía
La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Oscar “N” por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza, luego de que presuntamente dispuso sin consentimiento de un vehículo propiedad de la víctima, ocasionando un perjuicio patrimonial.
De acuerdo con los hechos, en el mes de septiembre de 2020, la víctima acudió a un taller y exhibición de autos usados ubicado en el fraccionamiento Santa Lucía, donde contrató un servicio de lavado de carrocería e interiores para su vehículo Chevrolet Blazer modelo 1997, entregando la cantidad de mil pesos en efectivo a Oscar “N”.
El imputado presuntamente se comprometió a devolver el vehículo en un plazo de tres días; sin embargo, al acudir por él, la víctima encontró el negocio cerrado y, con el transcurso del tiempo, dejó de localizar tanto al señalado como a su unidad, desconociendo su paradero.
Posteriormente, la víctima logró ubicar su camioneta en distintos puntos de la ciudad, constatando que era utilizada sin su autorización. En diciembre de 2021, localizó el vehículo en una chatarrera, donde le informaron que había sido vendido en diversas ocasiones, sin que mediara consentimiento de su legítimo propietario.
Finalmente, el automotor fue localizado y asegurado el 28 de marzo en un yonke del municipio de Jesús María, en estado de desvalijamiento y sin llantas ni rines. Durante la investigación se acreditó que la posesión del vehículo fue entregada únicamente para la prestación de un servicio, sin autorización alguna para su venta o disposición.
Tras la denuncia, la agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, reuniendo datos de prueba suficientes que fueron presentados ante la autoridad judicial, permitiendo establecer la probable responsabilidad del imputado en los hechos denunciados.
En audiencia, la Juez de Control resolvió vincular a proceso a Oscar “N” y le impuso las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica mensual ante la autoridad correspondiente y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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