Trump después de las elecciones: ¿cambiará la agenda de seguridad con México?

Las elecciones del 3 de noviembre cambiaron el escenario político de Donald Trump. Los demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027. Esto significa que el presidente enfrentará mayores contrapesos institucionales durante los últimos dos años de su mandato.

Pero ¿qué significa esto para la agenda de seguridad con México?

La respuesta no es sencilla. Un presidente con menos margen de maniobra en Washington podría moderar sus exigencias. Sin embargo, también podría ocurrir lo contrario: que decida intensificarlas.

Para entender por qué, propongo tres escenarios.

El primero es un endurecimiento selectivo.

Cuando un presidente enfrenta obstáculos internos, puede buscar resultados visibles en política exterior. En ese contexto, Trump podría aumentar las presiones sobre México para realizar más detenciones, compartir inteligencia o llevar a cabo operaciones conjuntas. Se trataría de obtener resultados políticamente rentables sin asumir necesariamente los costos de una intervención militar abierta.

Cabe decir que estas presiones se intensificaron desde tiempo atrás. De hecho, el 24 de octubre, The New York Times informó que Washington buscaba un resultado visible contra los cárteles antes de los comicios. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Estados Unidos había solicitado operaciones conjuntas, pero señaló que México las había rechazado, pues implicarían la participación de fuerzas estadounidenses en territorio nacional.

La diferencia está en los incentivos políticos: antes se buscaba una victoria electoral; ahora, después de la derrota republicana, Trump podría intentar recuperar iniciativa política. La cuestión es si esto se traducirá en exigencias mayores a las que ya existían.

El segundo escenario es una mayor contención institucional.

A partir de enero, el nuevo Congreso tendrá mayores posibilidades de investigar decisiones presidenciales, supervisar operaciones y condicionar recursos. Esto podría frenar el ímpetu injerencista de Trump en materia de seguridad, especialmente ante posibles operaciones militares en territorio mexicano. Sin embargo, el Congreso no puede bloquear automáticamente todas las decisiones del Ejecutivo, que conserva facultades importantes en política exterior.

Pero ojo: precisamente porque sabe que encontrará mayores controles, Trump podría intentar anticipar ciertas decisiones durante noviembre y diciembre. Paradójicamente, la expectativa de nuevas restricciones podría acelerar algunas acciones presidenciales.

El tercer escenario es una negociación más estrecha entre seguridad y economía.

En este terreno, Trump ya ha utilizado amenazas arancelarias para exigir medidas contra el narcotráfico y la migración. Y aunque la Corte Suprema de Estados Unidos restringió en febrero una de las vías legales que había utilizado para imponer aranceles, el presidente conserva otras facultades en materia comercial. 

De hecho, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló el pasado 4 de noviembre que la victoria demócrata no modifica esas atribuciones presidenciales. Esto significa que Trump podría seguir utilizando la presión comercial en sus negociaciones con México, aun con un Congreso controlado por la oposición.

A esto se suma el T-MEC. El tratado se revisó en julio y Estados Unidos decidió no extender entonces su vigencia por otros 16 años. El acuerdo continúa en vigor, las negociaciones siguen abiertas y habrá una nueva revisión en 2027.

En ese contexto, Trump podría intentar vincular concesiones comerciales con nuevas exigencias en materia de seguridad. Es decir, utilizar la certidumbre económica como un recurso de negociación para obtener compromisos adicionales del gobierno mexicano.

Ahora bien, estos tres escenarios pueden coexistir. Podríamos observar mayores exigencias de Trump, nuevos controles legislativos y presiones económicas. O quizá encontremos una continuidad de las mismas prioridades, pero mediante instrumentos diferentes.

Finalmente, hay una cuestión que me parece fundamental para México. Hay que distinguir entre cuestionar los métodos de Trump y abandonar el combate contra los cárteles. En este último objetivo pueden existir coincidencias entre demócratas y republicanos.

De hecho, legisladores demócratas se han pronunciado contra una intervención militar unilateral en México, pero mantienen su respaldo a la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Esto muestra que las diferencias entre ambos partidos pueden estar más en los instrumentos y las condiciones de cooperación que en los objetivos generales de seguridad.

Por eso, la negociación bilateral no debería limitarse a pensar que habrá un nuevo escenario político. La llamada ola azul que llegará al Congreso también tiene sus propias definiciones y propuestas sobre la relación en materia de seguridad con México.

En los próximos meses habrá que observar qué nuevas exigencias plantea Estados Unidos, qué límites logra establecer el Congreso y qué compromisos acepta México.

Solo entonces podremos evaluar hasta qué punto las elecciones modificaron realmente la agenda de seguridad entre ambos países.

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