Territorios en disputa: entre la defensa ambiental y el control criminal

Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es una fecha propicia no solo para hablar de árboles y reciclajes, sino para hacernos preguntas más incómodas: ¿quién cuida el medio ambiente cuando los territorios están capturados por economías ilegales? ¿Quién protege a quienes defienden el agua, el bosque o la vida en contextos donde se entrecruzan la corrupción, el crimen y la impunidad?

En buena parte del país, los daños al entorno natural no son únicamente resultado de la negligencia o la pobreza institucional. Son también expresión de una lógica más profunda: la visión extractivista del territorio que privilegia megaproyectos, despojo y especulación por encima de los equilibrios ecosistémicos.

Esto no es accidental. Por el contrario, como recordaba el sociólogo Bruno Latour, la modernidad se construyó sobre una narrativa que separaba radicalmente naturaleza y sociedad como si fueran mundos distintos lo que justificó la dominación de la naturaleza como si los ecosistemas no tuvieran límites. La naturaleza fue reducida a objeto, a recurso, a mercancía.

Hoy, esa estructura de pensamiento sigue viva en una cultura estatal que mide el progreso en kilómetros de trenes, metros cúbicos de concreto o puntos del PIB, pero no en la salud ambiental ni en la justicia intergeneracional. Por eso, proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico han avanzado sin evaluaciones ambientales reales ni respeto a las comunidades afectadas. Por eso, los presupuestos de la SEMARNAT han decrecido. Por eso, el lenguaje a la “transición energética” convive con el desmantelamiento de instituciones ambientales clave.

Y en ese contexto, el crimen organizado no es la excepción, sino parte del paisaje. Donde hay tala clandestina, tráfico de especies o apropiación violenta del agua, suele haber también control territorial, armas y complicidad política. En muchas regiones, el medio ambiente es un botín que se reparte entre empresas depredadoras y grupos criminales. Por eso, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden los bienes comunes.

Frente a esto, no basta una agenda verde decorativa. Se requiere una ética política distinta: una que ponga los equilibrios ecosistémicos por encima del lucro. Una que entienda que no hay democracia ambiental sin justicia territorial. Y una que reconozca, como también advertía Latour, que el mundo ya no se divide entre naturaleza intocada y sociedad civilizada, sino entre formas de habitar que destruyen y otras que cuidan.

En el Día del Medio Ambiente, la pregunta central no es solo qué planeta dejamos a nuestros hijos, sino qué formas de poder, de vida y de justicia estamos dispuestos a defender.

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