Sharía

Alan Santacruz

En Irán, como en otros países teocráticos, se empatan las leyes civiles con las leyes religiosas.

Alan Santacruz

En días pasados, en Irán, Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años no llevaba bien puesto el hijab; el velo que por mandato religioso debe cubrir la cabeza y el cabello de las mujeres musulmanas. Que una mujer musulmana descubra su cabeza, o muestre su cabello en público, es algo proscrito en la Sharía, la norma de conducta religiosa.

En Irán, como en otros países teocráticos, se empatan las leyes civiles con las leyes religiosas. Así, para que el Estado garantice el cumplimiento de la Sharía, utiliza a la llamada Policía Moral; un cuerpo paramilitar vestido de civil, en el que incluso hay mujeres, que actúa de incógnito para investigar, detener, y castigar a quienes incumplan con la Sharía.

Esta falta originó que Masha fuera detenida por la Policía Moral iraní. Luego de su detención, la joven fue golpeada y torturada hasta quedar en coma, y luego resultar muerta. Las detenciones y juicios por la Sharía carecen de lo que en occidente conocemos como “Debido Proceso”. No hay defensa jurídica, presunción de inocencia, derechos humanos. Hay sólo juicios sumarios.

El asesinato religioso contra Masha Amini originó protestas violentas de distintos grupos, mayoritariamente de mujeres, pero también hombres musulmanes. Quemaron velos en la vía pública y se confrontaron con la policía. Estas manifestaciones llevan ya decenas de muertos y la protesta se ha extendido a unas 15 ciudades. Irán ha bloqueado el internet, controla la información, y acusa de sedición.

Que un Estado religioso iguale delito con pecado, y equipare el mandato divino con los códigos penales, es un atentado contra los Derechos Humanos. El caso de Irán es emblemático, y en todo Medio Oriente hay ejemplos de esto. Pero en occidente, el encumbramiento del poder religioso en la política nos pone en escenarios que se acercan peligrosamente a esto.

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