Perú, cuando el voto no asegura gobernanza
Desde el año 2000, Perú ha tenido más presidentes que certezas.
Dina Boluarte dejó de ser presidenta del Perú. La primera mujer en liderar el país andino fue destituida por el Congreso, que aprobó en forma unánime una moción de vacancia por "incapacidad moral".
Desde el año 2000, Perú ha tenido más presidentes que certezas. Boluarte asumió el cargo en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. Desde la caída de Fujimori, sólo tres mandatarios —Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala— lograron concluir los cinco años para los que fueron elegidos. Dos más, terminaron periodos transitorios y el resto cayó por la misma grieta que ha ido devorando a la política peruana: un sistema que cambia de rostro más seguido que de rumbo.
En las democracias, el voto es el mecanismo de legitimación del poder político, al hacer posible que la ciudadanía exprese su preferencia y otorgue autoridad a quienes ejercerán el gobierno. Esa legitimidad electoral se traduce en gobernabilidad cuando las autoridades logran canalizar la pluralidad social hacia decisiones colectivas, aceptadas y eficaces. No obstante, la gobernanza no sólo depende de la obtención del poder mediante el sufragio, sino de la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas ciudadanas, mantener la estabilidad institucional y garantizar la rendición de cuentas. Así, el voto no sólo origina el poder político, sino que también delimita su ejercicio en un marco de responsabilidad democrática.
Sin embargo en Perú, el voto no ha logrado afianzarse como garantía de gobernabilidad. En un estado permanente de interinato, la nación sudamericana ha visto pasar presidencias fugaces, congresos fragmentados y protestas que inundan las calles cada vez que el poder se vuelve ilegítimo. Gran parte de quienes vistieron la banda presidencial acabaron destituidos, presos o acusados de corrupción.
La rotación presidencial revela un patrón de fragilidad estructural en el sistema político peruano, donde la continuidad gubernamental depende menos de la legitimidad electoral que de la capacidad de representar el interés ciudadano y sobrevivir a la confrontación entre poderes.
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