Perspectiva: Tierra sin agua
Decía Manuel Clouthier con sorna: “Quieren dividir la tierra hasta que solo alcance para el entierro de los campesinos”
Sería imposible emitir una opinión precisa sobre el contenido de la nueva Ley de Aguas que propone el Gobierno. Lo que sí vemos con claridad es el efecto que tiene entre pequeños y grandes agricultores: un rechazo absoluto. Ellos dicen que perderán el valor de sus pozos porque quedarán bajo la autoridad de la burocracia central de Conagua.
Según datos de una publicación titulada “Cartocrítica”, hay más de 450 mil puntos de extracción de agua en el país. Vicente Guerrero (q.e.p.d.), quien fuera alcalde y antes director del organismo de agua del Estado, comentaba que era imposible ejercer control sobre las perforaciones de pozos y sobre la cantidad de agua que extraen del subsuelo. Se necesitaría un ejército.
Los diputados, la mayoría de ellos lejanos al campo, creen que legislar es lograr que las cosas cambien. Entre más intrincada y compleja es una ley, menos se logra cumplirla. Los diputados y senadores dicen: “Controlemos el agua, que es de la nación, porque está en el subsuelo”, y los agricultores escuchan a sus espaldas la voz de Hugo Chávez, quien pasaba por las avenidas diciendo: “Expropiese”.
Hace medio siglo, el anterior presidente populista, Luis Echeverría Álvarez, quiso emular a Lázaro Cárdenas con la intención de reducir la pequeña propiedad de 100 hectáreas a 20 para hacer un nuevo “reparto agrario”. Carlos Armando Biebrich, entonces gobernador de Sonora, le dijo al presidente: “Si lo decreta, el campo se incendia”. Echeverría, un populista con instinto político, comprendió que, efectivamente, soltaría al “tigre”. Eso no impidió que, desde el poder, promoviera invasiones de tierras y generara incertidumbre y ansiedad entre los productores. Echeverría es recordado como el peor presidente de México de la segunda mitad del siglo pasado.
La productividad del campo y nuestro superávit agropecuario con Estados Unidos vienen de los cambios que realizó el gobierno “neoliberal” de Carlos Salinas de Gortari. La eliminación de la propiedad ejidal por ley permitió el florecimiento de la producción. Millones de tierras tuvieron plusvalía, aprovechada por los antiguos ejidatarios; la productividad creció gracias a la certidumbre y las invasiones declinaron. El país se enriqueció en unos cuantos años porque las tierras agrícolas podían aportarse como garantía de créditos. Fue lo mejor que pudo pasarle al campo. Una vez más, se comprobaba que la “socialización” de la producción agrícola mediante el ejido había fracasado ante el crecimiento de la población.
Decía Manuel Clouthier con sorna: “Quieren dividir la tierra hasta que solo alcance para el entierro de los campesinos”. Su movimiento político y su adhesión al PAN comenzaron tras la gran crisis de 1982.
Si la ley pasa sin un acuerdo con los agricultores, será otro foco de inconformidad, otro “tigre suelto” en el campo de la política nacional, sobre todo en las regiones de mayor producción agrícola. La realidad no puede cambiarse por decreto. Si no podemos controlar el huachicol de combustibles, es imposible controlar los cientos de miles de pozos, las cuencas que forman ríos y las presas más importantes. Además, ¿quién es el valiente que quiera clausurar pozos por la fuerza o limitar caudales desde una oficina central en la CDMX? La centralización de la economía, esa que propone la izquierda radical, genera pobreza y estancamiento. Si no, que les pregunten a los cubanos.
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