Perspectiva: Pruebas

Primero cayó el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia Cambero. Le decían “El Diablo” y lo era: como dueño de vidas y haciendas durante su mandato de terror (2013 a 2017), Veytia ayudó, desde su posición, al tráfico de drogas, cubriendo las espaldas del cártel de los Beltrán Leyva.

Pero el exfiscal no tenía límites en sus ambiciones; también fue acusado por ciudadanos de diferentes crímenes, como desapariciones forzadas y despojos. El gobernador era Roberto Sandoval, quien también fue acusado en Estados Unidos y en México. Veytia no trabajaba por sí solo: tenía un pacto de impunidad con Sandoval.

El destino es curioso: Veytia fue detenido en San Diego, acusado en 2019  de lo mismo que hoy se le acusa a Rubén Rocha Moya y a los funcionarios de Sinaloa: aliarse con un cártel para gobernar y obtener beneficios políticos y económicos. También se descubrió que su patrimonio ascendía a 250 millones de dólares. Como tenía doble nacionalidad, pasaba sin problemas de México a Estados Unidos, donde fue detenido tras una acusación de un fiscal de Nueva York. (No le podían quitar la visa porque no la necesitaba)

Recuerdo que Veytia y Sandoval presumían de la tranquilidad de su estado, de su paz; incluso el entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, visitaba ese estado para aprender las técnicas policiales de Veytia. La realidad era otra: en Nayarit nadie denunciaba el menor delito por el pavor de que lo identificaran como enemigo del gobierno con consecuencias funestas.

Tuvieron que ser los norteamericanos quienes le echaran el guante. “El Diablo”, como le apodaban, tuvo la viveza de declararse culpable y de ser testigo colaborador. Se le ofreció un trato especial por declarar contra Genaro García Luna y acusarlo de ser cómplice del Cártel de Sinaloa. Nunca ofreció pruebas más que su declaración; nunca aportó documentos, pero la fiscalía del Este de Nueva York tomó sus palabras como hechos. Tanto le valió su colaboración que hoy está libre y vive bajo la protección de los testigos que colaboran. La justicia lo condenó a pagar un millón de dólares, una suma mínima de su fortuna.

El destino de su exjefe, Roberto Sandoval, fue distinto. Al exgobernador se le persiguió en México por diversas causas. En una que parece mínima, se le condenó a pasar 7 años en la cárcel, pero tiene otras indagatorias pendientes que pueden mantenerlo muchos años más en el Cefereso de Tepic, donde actualmente purga su condena y espera varios juicios.
Es imposible que un gobernador de Sinaloa tenga tranquilidad en su estado sin “colaborar” con el CDS. Lo dijo Rocha Moya en una entrevista que Carlos Loret de Mola le hizo durante su campaña. La 4T estuvo encantada con la condena de García Luna, aun cuando las pruebas no eran más que confesiones, verdaderas o falsas, de otros criminales. Desde una cárcel de Nueva York, cualquiera cantará la tonada que le pida un fiscal con tal de reducir su sentencia.

Antes de la sustracción de “El Mayo”, Sinaloa tenía un índice de homicidios inferior al de Guanajuato. La “Pax narca” permitía que hubiera decenas de cambistas a plena luz del día, transformando los ingresos del narcotráfico de dólares a pesos.

El peligro para la presidencia y el partido Morena es que su solicitud de pruebas sea atendida prontamente por Trump, con infinidad de declaraciones, cuentas y documentos de quienes hoy son acusados. Eso es mucho más riesgoso que una breve incursión de algún dron asesino  norteamericano en nuestro territorio.

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