Niñas y niños bajo fuego: la urgencia de prevenir el reclutamiento forzado

En México, niñas, niños y adolescentes (NNA) están siendo reclutados por grupos delictivos con una normalidad alarmante. No es un fenómeno nuevo, pero su profundidad y alcance han sido sistemáticamente negados. Las autoridades no sólo han fracasado en prevenirlo: al estigmatizar o criminalizar a estos menores, con frecuencia contribuyen a su revictimización.

Cinco informes recientes —elaborados por instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos— coinciden en un punto esencial: el reclutamiento no es una decisión individual, sino el resultado de violencias estructurales. Marginación, despojo, abuso, desplazamiento forzado, ausencia de oportunidades y abandono estatal crean un entorno en el que los grupos criminales aparecen como la única oferta de pertenencia, ingreso o protección para miles de jóvenes.

Pese a ello, la respuesta institucional permanece anclada en la lógica punitiva. El menor detenido con un arma es tratado como sicario, no como víctima. El adolescente que “halconea” es capturado por la Guardia Nacional sin que se investigue quién lo reclutó o por qué nadie lo protegió. La niña obligada a acompañar a su pareja en actividades delictivas es juzgada como “cómplice” antes de ser reconocida como víctima de múltiples violencias de género.

Esta ceguera institucional es devastadora. No existen rutas claras de prevención, ni protocolos de atención integral, ni mecanismos de reparación con enfoque psicosocial. La figura del “niño sicario” ha sido explotada mediáticamente, convertida en espectáculo morboso y despojada de toda dignidad humana. Es el reflejo de una sociedad que ha normalizado la crueldad.

Pero hay alternativas. Los informes revisados no sólo documentan la problemática: ofrecen propuestas. Plantean reconocer legalmente el reclutamiento forzado como una forma grave de violencia; diseñar políticas públicas que restituyan derechos; escuchar y acompañar a las infancias afectadas; fortalecer comunidad, afecto y redes de protección; y transformar incluso la manera en que hablamos de ellas.

No se trata de justificar la violencia, sino de entender su lógica para desactivarla. De rechazar la narrativa simplista del “criminal adolescente” y atrevernos a mirar el daño que nuestras instituciones —y sus omisiones— infligen a la niñez. De afirmar, con claridad, que ningún niño nace para matar y que todos merecen un futuro digno.

La infancia mexicana no necesita más castigo. Necesita justicia, escucha, cuidados y verdad.

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