Las desapariciones en México: el problema que no logra cerrarse

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 y concluyó que en México existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas con características de crímenes de lesa humanidad. No es una afirmación menor. Tampoco es una acusación simple.

El propio Comité fue claro: no encontró evidencia de una política federal diseñada desde el centro para desaparecer personas. Y, sin embargo, el fenómeno alcanza tal magnitud —más de 132 mil personas desaparecidas y una crisis forense que supera los 72 mil restos sin identificar— que solo puede entenderse como algo más que una suma de casos aislados.

Ahí está la tensión que incomoda y que no estamos terminando de pensar: ¿cómo es posible que exista un fenómeno de esta escala sin una política centralizada que lo organice?

La respuesta no es sencilla, pero apunta en una dirección clara: lo que tenemos no es un sistema único que produce desapariciones, sino una concurrencia de fallas, omisiones, colusiones y límites institucionales que, en conjunto, generan un efecto sistemático.

En ese contexto, las disputas recientes sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no son un asunto técnico. La reclasificación de los casos —aunque se presente como un esfuerzo por mejorar la precisión— ha sido leída por colectivos y familias como un intento de reorganizar el problema en términos que podrían reducir su visibilidad.

Y aquí aparece un punto clave: en México, la desaparición no solo es un fenómeno criminal o humanitario. Es también una disputa por su definición.

El gobierno federal ha respondido señalando avances: reformas legales, comisiones de búsqueda, actualización de registros. Todo eso es cierto. Pero también lo es que esos avances conviven con una persistente incapacidad institucional para investigar con eficacia, identificar restos y dar respuestas sostenidas a las familias.

El problema, entonces, no es solo de acción, sino de articulación.

Fiscalías que no investigan con la debida diligencia. Registros que cambian sus criterios. Familias que buscan por su cuenta. Organizaciones que documentan lo que el Estado no logra estabilizar. Cada uno opera con su propia lógica, pero el resultado es el mismo: la desaparición no logra cerrarse ni jurídica, ni social, ni políticamente.

Por eso, reducir la discusión a si hay o no una política deliberada desde el centro es quedarse corto. El fenómeno ya no depende de una sola decisión, sino de una estructura donde múltiples actores producen, procesan y disputan el problema sin lograr estabilizarlo.

Y mientras eso ocurra, las cifras seguirán creciendo… pero, sobre todo, seguirá creciendo algo más difícil de medir: la incapacidad colectiva de producir una respuesta que esté a la altura de lo que está pasando.

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