La paradoja mexicana: menos pobres, pero más inseguros

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje hacia México, situándola en nivel 2 por riesgos de crimen, secuestro y, por primera vez, terrorismo. A primera vista, la medida podría interpretarse como un trámite diplomático rutinario o incluso como un gesto de presión política del gobierno de Donald Trump en el terreno comercial. Sin embargo, bien miradas las cosas, en el fondo revela algo más inquietante: la percepción de que México es un país vulnerable en materia de seguridad, con extensas regiones donde el control institucional se ha erosionado.

El contraste no podría ser más claro. En los últimos años, México ha presumido —con razón— avances en la lucha contra la pobreza: millones de personas han dejado atrás la pobreza extrema gracias a transferencias sociales, políticas salariales y programas de apoyo. Se trata de un logro histórico e innegable. Sin embargo, en paralelo, la violencia se ha extendido a tal grado que amenaza con borrar los beneficios de esos avances.

En el primer semestre de 2025 se denunciaron 5 887 casos de extorsión, la cifra más alta registrada y un incremento del 6.9 % respecto al año anterior —sin contar al 97 % de víctimas que no denuncian por miedo o desconfianza institucional. En Veracruz, la llamada mafia veracruzana ha impuesto una ola de terror con asesinatos, motines, narcomantas y cobros de piso, mientras que en Sinaloa se vive un escenario de guerra permanente entre facciones criminales. Por si no fuera poco, son cada vez más evidentes y alarmantes las relaciones de complicidad entre las élites políticas y los capos criminales. 

Ante esta realidad, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve tener más recursos en el bolsillo si el territorio en el que habitas se ha vuelto inhabitable?

La alerta envía un mensaje contundente: redistribuir riqueza no basta si no se garantiza seguridad y Estado de derecho. No puede haber movilidad social en un país donde las carreteras se han convertido en corredores de extorsión, donde comunidades enteras huyen del crimen organizado y donde, incluso en los destinos turísticos más importantes, la Guardia Nacional y el Ejército deben desplegarse, no para proteger a la población local, sino para tranquilizar a los visitantes extranjeros.

La paradoja es evidente. Tanto la administración pasada como la presidencia de la Doctora Claudia Sheinbaum han insistido en que atender las causas sociales de la pobreza era clave para reducir la violencia. Durante años se nos repitió que la pobreza —herencia de las políticas neoliberales— empujaba a miles de personas a engrosar las filas del crimen organizado y desafiar al Estado. Hoy, sin embargo, aunque la pobreza ha disminuido, la violencia se ha ensanchado hasta volverse el verdadero límite del bienestar social.

En este sentido, la paradoja mexicana es brutal: reducimos la pobreza, pero ampliamos la violencia. Y mientras tanto, la respuesta oficial oscila entre negar la gravedad, militarizar espacios simbólicos —como las playas— y mantener intactas las estructuras locales que permiten al crimen avanzar con impunidad.

La alerta estadounidense no interpela solo a turistas, sino a todos nosotros. ¿Qué significa ganar la batalla social si al mismo tiempo perdemos la guerra contra la violencia? La verdadera transformación no puede limitarse a programas sociales: exige reconstruir la confianza institucional, restablecer el orden democrático y garantizar seguridad cotidiana. Porque un país con menos pobres, pero con ciudadanos cada vez más inseguros, sigue siendo, inevitablemente, un país en riesgo.

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