La ley que no es pareja: Chihuahua, Sinaloa y el doble rasero del poder

Los casos de Chihuahua y Sinaloa revelan una asimetría política y jurídica que erosiona la credibilidad del Estado mexicano. No se trata únicamente de dos conflictos de seguridad pública. Son dos modelos de relación entre el poder y los gobiernos estatales, donde la selectividad institucional termina afectando principios esenciales del constitucionalismo democrático, igualdad ante la ley, federalismo cooperativo, responsabilidad política y legitimidad moral del ejercicio del poder.

El marco jurídico, igualdad y legalidad. Desde la perspectiva constitucional, el artículo primero obliga a todas las autoridades a aplicar el principio de igualdad y no discriminación. Esto no solo protege personas, también impone al Estado la obligación de actuar.

Los casos de Chihuahua y en Sinaloa exhiben una preocupante desigualdad en el trato político y jurídico del poder federal frente a fenómenos ligados al narcotráfico.

Mientras Chihuahua enfrenta presión, confrontación política y una narrativa de responsabilización tras el desmantelamiento de un campamento de fentanilo en Sinaloa prevalece una cautela institucional pese a señalamientos internacionales y a la persistencia del crimen organizado.

Desde el derecho, la Constitución obliga a aplicar la ley con igualdad y sin criterios partidistas. Ningún gobernador puede ser condenado políticamente sin pruebas directas de complicidad u omisión dolosa. Pero tampoco puede haber tolerancia selectiva frente a indicios graves por razones de cercanía política.

En el plano ético, el doble rasero destruye la legitimidad pública, castigar con severidad a los adversarios y proteger a los aliados convierte a la justicia en un instrumento político. Lo decíamos desde la reforma al poder judicial.

Socialmente, esto, erosiona la confianza ciudadana y fortalece la percepción de que la ley depende del poder y no de principios universales.

La moral pública exige congruencia, transparencia imparcialidad. Cuando el Estado aplica distintos estándares frente a problemas semejantes, debilita la República. La credibilidad institucional y el sentido mismo de la justicia democrática. La justicia democrática exige exactamente el mismo estándar, la misma exigencia, la misma transparencia sin importar partido, cercanía o utilidad política. Cuando la ley deja de ser pareja, el Estado deja de ser plenamente legítimo.

Yo he insistido, si 36 millones de votos no te dan la capacidad de hacer política y robustecer al Estado, entonces sigue siendo una entidad de interés público llamada partido político y no la representación y el gobierno del Estado de la República.

En ese sentido los políticos tienen que comportarse como estadistas en las campañas como partidos políticos, como militantes, como simpatizantes.

Pero en las labores del Estado, la ley y la Constitución es exigen responsabilidad política, responsabilidad social, responsabilidad moral, responsabilidad ética. Qué pena.

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