La corrupción consentida

Esta semana el tema dominante en México, además de los asesinatos habituales, la detención de narco alcaldes de Morena como el de Tequila, Jalisco, las mentiras mañaneras o los fracasos de los trenes que hizo Obrador, se lo llevó la corrupción rampante que crece y crece en el país y en los estados.

Para empezar, se publicó el nuevo Índice de Percepción de la Corrupción que elabora desde hace muchos años Transparencia Internacional, una organización basada en Alemania, para calibrar cómo anda el problema en 182 países. Cada país tiene un puntaje donde 0 son los peores casos y 100 los mejores. Para variar, ya sabemos que los países menos corruptos son generalmente los nórdicos, Singapur y Nueva Zelanda, y los peores casos son Rusia, varios africanos y latinoamericanos, entre ellos México, que apenas alcanzó 27 puntos sobre 100 posibles y quedó en la posición número 141, una más abajo que el año previo.

Es decir, una posición vergonzosa.

Para el caso de Aguascalientes y el resto del país no hay todavía reportes actualizados pero el año pasado, de acuerdo con el IMCO, el 75% de la población de 18 años y más reportó que la corrupción era frecuente o muy frecuente en el estado.

La pregunta es cómo reducir el problema, que ya se ha vuelto crónicamente grave.

El pensamiento común dice que todo se resolverá con endurecer las penas, desenmascarar los latrocinios, ir tras los corruptos y meterlos a la cárcel. Pero la evidencia muestra otra cosa: para disminuir el problema, hay que comprender su complejidad y hacer los cambios. 

En suma: hay que desmontar los incentivos que lo motivan para reducir los beneficios que genera y edificar un ambiente colectivo que premie la honestidad.

La cuestión tiene dos partes. Una, la más conocida, es la corrupción pública que deriva entre otras cosas de tener funcionarios que llegan a los cargos a ver quien roba más y más rápidamente. Cobran comisiones por conseguir contratos con los gobiernos o “ganar” licitaciones; asignan proveedores de bienes y servicios, lo mismo para servicios de seguridad que de gasolinas y lubricantes; venden licencias falsas como lo reportó Más allá de la noticia el miércoles pasado; lucran con permisos y licencias para comercios, restaurantes, desarrollos inmobiliarios; manipulan o distorsionan las carpetas de investigación de manera discrecional; subastan la impartición de justicia al mejor postor y un largo etcétera. 

Conozco casos donde a un restaurante normal de la ciudad de Aguascalientes los inspectores municipales quieren cobrarle 300 mil pesos por una licencia para vender vino y cerveza; otro donde los supervisores de desarrollo urbano piden sobornos para modificar las especificaciones de construcción de fraccionamientos, como por ejemplo reducir el ancho de las banquetas o autorizar pisos de más, y casos así de imaginativos.

Pero la otra es la corrupción privada. En México, 8 de cada 10 empresas admiten haber sido víctimas de fraude por sus empleados de distintos niveles; dicen destinar 5% o más de sus ingresos anuales a pagos “extraoficiales” a servidores públicos. Y en esa cadena participan abogados, notarios, factureros, contadores, fiscalistas y demás, algunos muy conocidos, con los cuales se amarran los negocios de todo tipo.

El caso es que, entre unos y otros, como dice Héctor Aguilar Camín, “el compromiso con la legalidad es bajo, la ilegalidad es consentida, es un hecho de la vida pública y un rasgo de la conciencia privada. Incluye a mexicanos que no son delincuentes pero que viven fuera de la ley en algún aspecto fundamental de sus vidas”.

Son muchas las cosas que se pueden hacer para empezar a neutralizar el problema, como por ejemplo reducir el exceso de regulaciones innecesarias que siempre son el pretexto para pedir mordidas; escoger a funcionarios profesionales y muy bien pagados y no a cómplices por razones electorales o de partido; transparentar el funcionamiento de la administración pública, entre otras cosas.

Cualquiera que sea la causa más probable -o incluso una combinación de todas ellas- el resultado es que cuando la ilegalidad se vuelve sistemática y crónica, disuelve los fundamentos éticos que deben cohesionar a una sociedad, estimula a los individuos y las organizaciones a actuar por fuera y no dentro de las reglas del sistema, introduce distorsiones en los mercados económicos y le cuesta dinero a las personas, a las empresas, al gobierno y al país.

Así que la próxima vez que sienta la tentación de contribuir al circuito de la corrupción, piénselo dos veces.

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