Desde la primera campaña presidencial de Donald Trump, una de sus principales propuestas electorales era el ataque directo contra los cárteles de la droga, especialmente los mexicanos. Durante ese primer periodo, la propuesta era poco viable, pero ahora -con la declaratoria a los cárteles como grupos terroristas- el tema dejó de ser propuesta, para convertirse en orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente se firmaría un acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos para el combate al narcotráfico y a los cárteles de la droga catalogados como Grupos Terroristas Globales Especialmente Designados. Sin embargo, el periódico New York Times acaba de filtrar la orden ejecutiva de Trump para diseñar ataques militares contra los cárteles terroristas, sin haber firmado aún ningún acuerdo bilateral.
Estados Unidos tiene una larga historia de intervencionismo militar en países que les representan intereses económicos, ventajas geopolíticas, o distancias ideológicas. Sólo por citar algunas de estas intervenciones ocurridas en el siglo XX, podemos recordar las de: Nicaragua, en 1912, para asegurar sus intereses en el canal de Nicaragua; Corea, en 1950, para apoyar a Corea del Sur contra la invasión de Corea del Norte; Cuba, en la fallida invasión a Bahía de Cochinos, en 1961, para derrocar a Fidel Castro; Vietnam, de 1961 a 1975 para, según ellos, evitar la propagación del comunismo en el sudeste asiático; Kuwait, en 1990, para derrotar a la ocupación iraquí; o, ya en el Siglo XXI, Afganistán, de 2001 a 2021, en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, para derrocar a los talibanes y desmantelar Al Qaeda; Irak, de 2003 a 2011, para derrocar a Saddam Hussein, mintiendo sobre la posesión de armas de destrucción masiva; Siria, desde el 2014 a la fecha, atacando al Estado Islámico; e Irán, en 2025, para defender los intereses del genocidio israelí contra palestina.
En cada una de esas intervenciones, los gobiernos de cada uno de los países invadidos tuvieron un momento en el que consideraron improbable una penetración militar estadounidense abierta y flagrante. Y, sin embargo, en cada una sucedió la invasión. Paralelamente, en la actualidad, Estados Unidos tiene la capacidad bélica para realizar ataques a distancia, sin la necesidad de ingresar tropas extranjeras en territorio mexicano y, justamente, en los últimos meses se ha dedicado a mapear y a desplegar labores de inteligencia para tener ubicados los sitios, la capacidad de fuego, y los recursos que poseen los cárteles terroristas.
Ante un escenario así, el Estado Mexicano (no su gobierno, no las personas que temporalmente representan a su gobierno) haría bien en tomar postura unificada; sin embargo, la polarización social puede anticipar que nuestra población, especialmente la más afectada por el crimen, no pueda ser unánime entre rechazar o apoyar que una fuerza extranjera venga a pacificar el territorio, incluso a costa del Estado de Derecho, del Derecho Internacional, y de los Derechos Humanos. Se vienen tiempos complejos.
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