Historia electoral en México 

La historia contemporánea de México, sobre cómo nos hemos organizado para ejercer el sufragio, contar con certidumbre los votos, y darles calidad y veracidad a las elecciones políticas, ha transitado por varios estadios, paralelos a la evolución del Sistema Político Mexicano. 

En ese sentido, en 1946, ya con un Sistema Político de Partido de Estado, se promulgó la Ley Federal Electoral, dando al Poder Ejecutivo la facultad de organizar y validar las elecciones en las que ganaba el partido del que venía el titular del Poder Ejecutivo. Existían varios partidos políticos, pero sólo uno tenía la posibilidad real de acceder al poder.

Para 1951, había mucha presión política por distintos movimientos sociales; unos de izquierda (como el de Vicente Lombardo Toledano, el movimiento agrario de Rubén Jaramillo, o los movimientos obreros y sindicales de la posguerra), así como otros movimientos de derecha (como la Unión Nacional Sinarquista, el movimiento de clases medias de Juan Andreu Almazán contra Manuel Ávila Camacho, y la consolidación del Partido Acción Nacional como opositor al cardenismo). A partir de ahí, el Congreso de la Unión hizo más accesible el registro de nuevos partidos políticos, y la posibilidad de emitirles constancias de mayoría.

Del mismo modo, luego de las presiones sociales derivadas del movimiento estudiantil de 1968, y de las guerrillas urbanas y rurales posteriores, en la década de 1970 se dieron dos cambios importantes en materia electoral: en 1973, el Poder Legislativo aprobó la Comisión Federal Electoral, en la que -por primera vez- todos los partidos políticos con registro legal tuvieron voz y voto. Igualmente, en 1977, el Poder Ejecutivo expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con la que se permitió la institucionalidad de fuerzas políticas que habían sido excluidas, para posibilitar su representación legislativa. 

Gracias a estas reformas, se pudo incluir en la institucionalidad a fuerzas políticas marginadas, pertenecientes a la izquierda, que pudieron entrar en la competencia legal. Entre estas fuerzas destacan: el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, o el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por el lado de la derecha, también se incluyó al Partido Demócrata Mexicano. Aún así, la organización, ejecución, y validación de las elecciones continuaba subordinada al Poder Ejecutivo.

Para 1987, el Poder Legislativo impulsó un hito electoral: la inclusión del principio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral, con el que los partidos minoritarios tuvieron la posibilidad real de acceder a escaños legislativos. 

Luego de la elección de 1988, con la presunción de fraude por la caída del sistema electoral en manos del priísta Manuel Bartlett, entonces Secretario de Gobernación, en 1990 se dieron las reformas electorales que dieron origen al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y crearon al Instituto Federal Electoral (IFE). A partir de ahí comenzó la ciudadanización del organismo y la separación del Poder Ejecutivo frente a los procesos electorales. 

Así, para el año 2000 ocurre por primera vez la alternancia partidista en la Presidencia de la República, y se normaliza la composición plural de los órganos legislativos, las fórmulas de cogobierno, las alianzas y coaliciones partidistas. Pero también, los procesos electorales y la selección de consejeros electorales sufren la intromisión de los partidos políticos.

En 2014, el IFE cambia a INE, con la intención de estandarizar procesos federales y locales; sin embargo, en su momento, se acusó sobre la partidización del organismo. Sin embargo, a 12 años del INE, actualmente el órgano encargado de los procesos electorales se enfrenta a su peor crisis de credibilidad, al colapso político, y a la acusación de corrupción y de vinculación con el partido en el poder. 

Esto ocurre en paralelo con la tendencia del régimen para acaparar, cooptar, o anular a los órganos autónomos que le representan contrapeso o posibilidad de fiscalización. Por eso, afirmamos que la vida democrática y la ciudadanía participativa son algo permanente que trasciende y no se agota sólo en las elecciones; porque -de otro modo- las autocracias y los autoritarismos van a resurgir, sea con la corrupción, sea con la coacción, o sea con la omisión de la ciudadanía.
 

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