De lo ilegal a lo cotidiano: la sociedad frente a los autos chocolate

Cualquier persona que circule por las calles de Aguascalientes seguramente se ha acostumbrado a ver en ellas cientos de automóviles con placas, documentos, calcomanías que no parecen ser legales o que fueron regularizadas un poco de manera discrecional. De hecho, quizá ya ni nos damos cuenta porque se ha convertido en parte del paisaje cotidiano.

Pero para México, y para estados con una fuerte presencia de las grandes armadoras de vehículos, como el caso de Aguascalientes, este fenómeno, además de ilegal, es sumamente grave para la economía y para los empleos.

La industria automotriz ha sido muy exigente desde hace varios años en denunciar y tratar de frenar los llamados ‘autos chocolate’, pero tanto durante las presencias panistas como de Morena han permitido y documentado la ilegalidad con diversos decretos y medidas, y lo mismo hicieron varios gobiernos estatales. 

Por ejemplo, el gobierno de Montreal en Zacatecas fue sin duda el más activo promotor de la protección a los chocolates, alentando a una serie de organizaciones que lucraron y chantajearon con este tema, facilitando la creación de un mercado negro del coyotaje de placas, tarjetas de circulación, trámites aduanales, etcétera.

Bueno, pues el problema no solo subsiste, sino que ha crecido y se ha vuelto más sofisticado. Mexicanos contra la corrupción documentó esta semana que las aduanas de Reynosa y Matamoros han sido también la puerta de entrada de 40 mil autos que cada año ingresan al país con placas clonadas y permisos temporales reutilizados. Es tan grave la problemática que con un solo permiso se han podido realizar hasta 728 cruces de distintos vehículos.

Como es fácil observar, es una modalidad corrupta en la que participan delincuentes, funcionarios aduanales, inmigratorios, policías, militares, marinos y, por supuesto, ciudadanos, ya sea de manera activa y directa, para coludirse o para mirar hacia otro lado, pero sus consecuencias son letales para la industria automotriz, para las agencias distribuidoras y, por supuesto, para el Estado de Derecho.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, por ejemplo, estimó que hasta mediados del 2023, cuando Obrador otorgó una nueva prórroga hasta el 2026, ya habían sido regularizados un millón 600 mil vehículos, pero siguen ingresando diariamente vehículos en contrabando. De hecho, hay lista de espera y ninguna penalización clara para este fenómeno.

Hasta 2024 ya había dos millones 200 mil unidades supuestamente legalizadas, lo que habría generado una ganancia de unos 2.200 millones de dólares al crimen organizado, ya que por cada vehículo regularizado los contrabandistas ganan alrededor de 1.000 dólares. 

Como dice un afamado columnista, a nadie le puede quedar mayor duda que el gobierno de López Obrador fue profundamente corrupto. Los escándalos de Segalmex, el huachicol fiscal, las aduanas a Adán, Bartlett, las obras faraónicas y todos los demás ejemplos conocidos ya no son disimulables.

Bueno, pero por último, lo peor es el efecto educativo, cívico, ético, porque nadie dice nada, nadie sabe nada, y esta expresión de corrupción latente y rampante ya se normalizó entre la comunidad, de modo que cuando la sociedad se queja de la corrupción pública o gubernamental, con toda razón y que desde luego es gravísima y es real, habría que preguntarse si esa misma sociedad tiene la autoridad moral suficiente para quejarse, o bien es parte del problema. 

Esto es una duda que tenemos que resolver para que este sea un país un poco mejor. 

-

Las ideas aquí expresadas pertenecen solo a su autor, binoticias.com las incluye en apoyo a la libertad de expresión.