En tiempos de crisis informativa, saturación de discursos y amenazas crecientes a la libertad de prensa, hablar de comunicación no puede ser un asunto menor. La manera en que se construyen, difunden y consumen los mensajes tiene consecuencias profundas sobre la forma en que se entiende la realidad, se decide lo público y se ejerce la democracia. La comunicación debe asumirse como un ejercicio especializado y estratégico, cuyo alcance es decisivo en la construcción de las sociedades contemporáneas. Desde el periodismo, la publicidad o la producción audiovisual, hasta la comunicación política y la gestión de redes, su impacto toca prácticamente todos los sectores sociales.
Por eso, la labor de las y los comunicadores debe entenderse como una actividad de altísima responsabilidad, enfocada en gran medida a interpretar la realidad, traducirla de manera comprensible y transmitirla con transparencia, veracidad y sensibilidad. Y eso, en un mundo sobresaturado de información, exige una enorme claridad ética.
Y es que la forma en que se presentan los datos, las imágenes y las palabras puede modificar radicalmente la percepción pública sobre un hecho, una persona o una causa. De ahí que el trabajo comunicacional sea también un campo de disputas sociales, culturales y políticas.
Pensemos, por ejemplo, en el reciente caso de TelevisaLeaks. Este episodio expuso los mecanismos sistemáticos utilizados para distorsionar la realidad desde una de las principales plataformas mediáticas del país. El uso de tecnologías digitales para construir narrativas falsas, atacar adversarios políticos o influir en la opinión pública demuestra, una vez más, la preocupante facilidad con la que se pueden articular campañas de desinformación, muchas veces sin que el público logre distinguir entre lo auténtico y lo fabricado.
En ese contexto, la inteligencia artificial representa una herramienta tan potente como ambivalente. Por un lado, expande las capacidades técnicas para editar, redactar, analizar o incluso personalizar contenido. Pero también abre la puerta a riesgos muy serios: la creación de deepfakes, la automatización de la desinformación y la pérdida del juicio crítico que sólo la experiencia humana puede aportar. No se trata de rechazar la tecnología, sino de integrarla con responsabilidad, bajo los principios éticos y profesionales que deben sostener una labor tan influyente como la comunicacional.
A ello se suma un entorno político y social especialmente adverso, sobre todo para quienes ejercen el periodismo. En muchos lugares del mundo ser periodista implica un grave riesgo. En México el panorama es alarmante. De acuerdo con un estudio publicado por la organización Artículo 19, tan solo en 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas, incluidos cinco asesinatos. Además, desde hace varios años, nuestro país encabeza la lista global de desapariciones de comunicadores.
No podemos permitir que esto se normalice. La violencia contra quienes investigan, informan y denuncian es un atentado directo a la democracia. Y la democracia no se defiende sola: requiere voces activas, pensamiento crítico y voluntad colectiva para construir una esfera pública robusta. Asegurar el derecho a la información y a la libertad de expresión es tarea de todos: instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, empresas, medios y ciudadanía.
En ese entramado de responsabilidades compartidas, los comunicadores deben ser punta de lanza. Por eso, desde su formación, deben desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también valores firmes. Un profesional de la comunicación no puede ceder ante presiones, ni pactar con la mentira o la omisión. Su tarea, en todo caso, debe contribuir al bienestar colectivo, a la claridad pública y al fortalecimiento del debate democrático.
Frente a los retos de nuestro tiempo —tecnológicos, políticos y éticos—, necesitamos más que nunca comunicadores preparados, críticos y comprometidos. Y necesitamos también una ciudadanía capaz de valorar y defender su trabajo, entendiendo que, sin verdad y sin información confiable, no hay posibilidad real de justicia ni de democracia.
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