Ciudadanía fragmentada: el derecho de nacer que Trump quiere romper

Durante décadas, millones de familias mexicanas vivieron con una certeza que parecía inamovible: si un hijo nacía en Estados Unidos, automáticamente se convertía en ciudadano estadounidense. Esa promesa estaba escrita con claridad en la Constitución, dentro de la 14ª Enmienda, aprobada en 1868 para garantizar que toda persona nacida en suelo estadounidense —incluidos los hijos de antiguos esclavos— tuviera los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.

La frase clave, aún vigente, dice:

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen.”

En lenguaje cotidiano: si naces en EE.UU., eres ciudadano. No importa si tus padres son mexicanos, si tienen visa de turista o si viven allá sin papeles. Si naciste ahí, el país te reconoce como suyo. Eso, hasta ahora.

¿Qué está pasando?

En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca reinterpretar esa enmienda. Su argumento: si los padres están en situación migratoria irregular o tienen visas temporales, su hijo no está “sujeto plenamente a la jurisdicción” de Estados Unidos, y por lo tanto, no debería obtener ciudadanía automática. Aunque esta interpretación contradice más de 150 años de jurisprudencia y práctica constitucional, la orden se firmó y fue impugnada en los tribunales.

La batalla legal escaló y, hace apenas unos días, la Suprema Corte permitió que la orden se aplique en los estados que no la impugnaron judicialmente. No declaró que fuera constitucional, pero sí limitó la posibilidad de frenarla a nivel nacional. El resultado es un país dividido en dos: en algunos estados sigue habiendo ciudadanía por nacimiento; en otros, se comenzará a negar a partir del 27 de julio de 2025.

¿Cómo saber qué pasa con mi familia?

Para quienes tienen familiares en California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington, Colorado y otros estados que presentaron demandas contra la orden, la ciudadanía por nacimiento sigue protegida —por ahora—.

Pero si los bebés nacen en Texas, Florida, Georgia, Arizona u otros 28 estados, la situación es distinta. A partir del 27 de julio, las autoridades de esos estados podrían pedir prueba del estatus legal de los padres antes de reconocer al recién nacido como ciudadano. Si no la tienen, el bebé no recibiría ciudadanía estadounidense.

Este cambio afecta, especialmente, a las y los migrantes mexicanos que viven en esos estados. Y el impacto no es solo legal: sin ciudadanía, un niño puede quedar sin papeles, sin seguridad médica, sin acceso a ciertos programas educativos, y con el riesgo latente de ser considerado “extranjero indocumentado” desde la cuna.

¿Qué se puede hacer?

No es fácil dar una sola respuesta, porque las leyes migratorias son complejas y cada caso es distinto. Pero hay algo que sí puede hacerse desde aquí: compartir esta información con claridad, evitar el pánico y alentar la prevención.

Las familias deben saber en qué estado viven sus parientes y si ahí ya se están aplicando restricciones. También pueden comenzar a buscar asesoría legal local. Muchas organizaciones comunitarias están ofreciendo recursos gratuitos para orientar a madres embarazadas y familias que enfrentarán nacimientos en los próximos meses.

Quienes están esperando un bebé o conocen a alguien en esa situación pueden ayudarse muchísimo simplemente haciendo preguntas informadas, consultando abogados migratorios en EE.UU., o reuniendo documentos que respalden estatus migratorio o planes de residencia.

Un derecho que no puede depender de la geografía ni del apellido

Lo más grave de esta orden ejecutiva es que rompe un principio esencial: que los derechos no deben depender de quién eres, de cómo entraste, o del estado donde naciste. Dos bebés pueden nacer el mismo día en hospitales distintos, uno en California y otro en Texas, y tener vidas completamente opuestas por una decisión administrativa.

El derecho a pertenecer, a tener una identidad jurídica y a contar con un país que te reconozca no puede estar sujeto a ideologías, elecciones o papeles que tus padres sí o no tengan. Es un derecho humano fundamental.

En un momento así, lo más poderoso que podemos hacer —además de resistir legalmente— es informarnos y no callar. Esta columna no busca generar miedo, sino claridad. No es un llamado literal a actuar, pero sí una forma de decir: que nadie se quede sin saber lo que está en juego.

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