Hace casi 12 años, la idea de que el poder público debe repartirse a partes iguales entre mujeres y hombres se convirtió en un principio constitucional en México y un detonante de la presencia femenina en cargos públicos. Sin embargo, existen puestos que al día de hoy no han sido ejercidos por mujeres.
En el marco de una reforma al Sistema Mexicano de Elecciones, es necesario legislar medidas para consolidar la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones, como la alternancia electiva en Presidencias Municipales, Gubernaturas y la Presidencia de la República, con el fin de que los partidos políticos postulen una candidatura del género distinto al registrado en la elección anterior para estos cargos.
México ha avanzado en paridad legislativa pero en los cargos unipersonales —que concentran funciones del poder ejecutivo— las mujeres siguen siendo una excepción y no la regla. En 200 años, nuestra nación no tuvo presidentas y en la actualidad persisten 12 estados que no han sido gobernados por una mujer, además de que tan solo Aguascalientes alberga seis municipios que nunca han sido encabezados por una alcaldesa.
La brecha no se corregirá sola. La historia política mexicana demuestra que, sin un mandato legal, difícilmente se abren espacios a las mujeres en la competencia electoral, teniendo como resultado techos de cristal en la organización democrática. Sin una política clara de alternancia, se sigue dependiendo de la voluntad coyuntural de dirigencias partidistas.
Legislar la alternancia de género no implica imponer candidatas por encima del mérito, significa reconocer que el mérito nunca ha sido el parámetro real de selección. La política mexicana ha operado durante años bajo lógicas de acuerdos, cuotas internas y control territorial que, en la práctica, excluyen sistemáticamente a las mujeres de los espacios decisivos. La alternancia es un mecanismo correctivo y temporal que buscará equilibrar un terreno desigual.
No basta con presumir paridad en el papel si seguimos reproduciendo estructuras que concentran el poder en manos de los mismos perfiles. Es reconocer que un país más justo es uno donde las mujeres no tengan que ser “la excepción histórica”, sino parte natural de la rotación del poder. Y que el Estado tiene la obligación de garantizar que esa transformación ocurra, no de dejarla al azar político.
En la conmemoración de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es oportuno señalar que nuestro derecho a votar y ser votadas no fue la meta final de las luchas por el sufragio femenino, sino un principio más profundo: que la representación política se traduzca en perspectiva de género en la creación de leyes y política pública.
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