Vinculan a proceso a ocho presuntos miembros de la red de facturación falsa Del Caballito
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia.
Un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la organización delictiva conocida como Del Caballito, señalada por operar una red de evasión fiscal que habría emitido facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos en un periodo de al menos tres años.
Los imputados son Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes enfrentan cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la emisión de comprobantes fiscales apócrifos.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, donde el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización presuntamente era encabezada por Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador Villaseñor López, quienes habrían coordinado una compleja estructura dedicada a ofrecer mecanismos de evasión fiscal a empresas mediante la simulación de operaciones comerciales.
Las detenciones se realizaron tras la ejecución de órdenes de aprehensión y cateos en diversos inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
La investigación es encabezada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, explicó que la organización mantenía operaciones en Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Según las autoridades, el esquema criminal funcionaba a través de una red de personas físicas y empresas fachada dedicadas a diseñar y comercializar mecanismos de evasión fiscal para clientes del sector privado.
La estructura ofrecía a empresas reales la emisión de facturas por operaciones inexistentes, permitiéndoles deducir gastos de manera indebida y reducir el pago de impuestos.
De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de la red constituían empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas para aparentar operaciones legítimas. Posteriormente, inyectaban recursos para distribuir incentivos y simular pagos de nómina, evitando el cumplimiento de obligaciones fiscales, particularmente el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Las autoridades identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles que habrían sido utilizadas para operar el esquema.
La Secretaría de Hacienda estima que el monto de las facturas emitidas por la organización supera los 12 mil millones de pesos, una cifra que la coloca entre los casos más relevantes investigados por las autoridades federales en materia de delitos fiscales.
Ulises Lara señaló que estas conductas constituyen una violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla penas de hasta nueve años de prisión para quienes emitan o utilicen comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, recordó que la Constitución establece la prisión preventiva oficiosa para los delitos relacionados con la expedición y uso de facturación falsa cuando forman parte de esquemas de delincuencia organizada o afectan gravemente la recaudación fiscal.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y la posible participación de más personas físicas y morales beneficiadas por el esquema de evasión fiscal.
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