Tribunal ordena reabrir investigación por presunta tortura contra Mario Aburto, a 32 años del caso Colosio
El fallo no implica la liberación del sentenciado.
A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un tribunal federal ordenó reabrir la investigación por presuntos actos de tortura cometidos contra Mario Aburto Martínez, sentenciado como autor material del magnicidio ocurrido en 1994 en Lomas Taurinas.
La resolución, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México al resolver el recurso de revisión 192/2025, establece que el juicio de amparo promovido por Aburto deberá rehacerse desde el inicio debido a vicios procesales detectados en la actuación de la jueza federal Paloma Xiomara González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal.
Con esta decisión, se abre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las indagatorias sobre las denuncias de tortura, incomunicación y violaciones al debido proceso que Aburto asegura haber sufrido tras su detención el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.
El fallo no implica la liberación del sentenciado, pero sí obliga a las autoridades a reexaminar el caso y escuchar a todas las partes involucradas, lo que podría derivar en nuevas líneas de investigación e incluso en el señalamiento de exfuncionarios de alto nivel, como Manlio Fabio Beltrones o el expresidente Carlos Salinas de Gortari, mencionados en las denuncias del propio Aburto.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48VG/2021, en la que concluyó que Aburto fue víctima de tortura, incomunicación y graves violaciones a sus derechos humanos durante su detención y traslado a la capital del país.
Sin embargo, en febrero de 2024, la FGR determinó no ejercer acción penal contra servidores públicos o exfuncionarios, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar dichas conductas.
Ante ello, Aburto impugnó la resolución, insistiendo en que fue sometido a violencia física y psicológica desde su captura, lo que —según su versión— le dejó secuelas permanentes.
La nueva orden judicial representa un giro relevante en uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de México, al abrir la puerta para que, por primera vez en 32 años, se revisen de fondo las denuncias sobre posibles abusos cometidos durante la investigación del magnicidio.
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