Tras críticas por intento de censura a sacerdotes, Arturo Ávila modificará su iniciativa

El diputado federal Arturo Ávila Anaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó una versión actualizada de su iniciativa para modificar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, incorporando la dimensión digital a la regulación de los medios de comunicación gestionados por ministros de culto y asociaciones religiosas.

En su versión inicial, Ávila proponía que los ministros de culto y las asociaciones religiosas pudieran operar medios digitales, incluyendo redes sociales y plataformas de contenido multimedia, siempre que se sujetaran a lineamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Sin embargo, esta propuesta generó críticas por varios motivos:

• Preocupación por la censura y la libertad religiosa: líderes y organizaciones religiosas advirtieron que la regulación podría convertirse en una forma de control o restricción sobre lo que pueden publicar los ministros de culto.
• Vaguedad de los lineamientos: la iniciativa inicial no establecía plazos, mecanismos claros de supervisión ni obligaciones concretas de regularización para quienes ya operaban medios digitales.
• Temor a intervenciones estatales arbitrarias: analistas legales señalaron que la ausencia de detalles sobre cómo se aplicarían los lineamientos dejaba abierta la posibilidad de discrecionalidad en la censura o fiscalización de contenidos religiosos.

Tras estas críticas, la iniciativa se actualizó incluyendo cambios importantes:

1. Articulación explícita de obligaciones: se establecen plazos claros para regularizar medios digitales existentes (180 días para asociaciones que operan a través de terceros) y 90 días para que ATDT y SEGOB emitan lineamientos detallados.

2. Supervisión concreta: ahora se precisa que los lineamientos deben garantizar:

• Transparencia y respeto a los derechos humanos.
• Supervisión de algoritmos para evitar sesgos discriminatorios.
• Promoción de accesibilidad digital para personas con discapacidad.
• Colaboración con INAH y Secretaría de Cultura en difusión de patrimonio cultural ligado a inmuebles religiosos.

3. Fortalecimiento de principios constitucionales: la exposición de motivos deja claro que no se permitirá proselitismo político ni discriminación, y que la regulación busca preservar la laicidad del Estado.

En otras palabras, Ávila mantuvo su intención original de permitir la participación digital de ministros de culto, pero incorporó precisiones, plazos y mecanismos de supervisión para responder a las críticas sobre libertad religiosa, transparencia y arbitrariedad.
 

La reforma se alinea con experiencias internacionales en países como Estados Unidos, Colombia, Chile y España, donde entidades religiosas pueden operar medios bajo regulación que garantiza pluralismo y derechos fundamentales.

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