Titular de la UIF celebra sentencia histórica contra García Luna

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó como un hecho histórico la sentencia emitida por un tribunal en Florida, Estados Unidos, que ordena al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, resarcir 2,500 millones de dólares al gobierno mexicano por desvío de recursos públicos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez explicó que la resolución es definitiva, ya que los acusados no comparecieron ante la Corte del Condado de Miami-Dade, lo que derivó en un fallo por rebeldía. La cifra impuesta triplica el monto original demandado por la UIF, en cumplimiento con la legislación del estado de Florida.

"La sentencia de 748.8 millones de dólares a García Luna y de 1,740 millones a Pereyra, corresponde al triple de lo que originalmente reclamamos. Es dinero distinto, en momentos distintos y con cuantificaciones diferentes", explicó el funcionario.

Gómez acusó que la trama de corrupción orquestada por García Luna fue transexenal, abarcando los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que parte de los recursos desviados fue destinada al financiamiento de campañas políticas.

"Eso lo vamos a demostrar, pero no en Florida, sino en el juicio penal en México. Ya hay detenidos, órdenes de aprehensión, testigos protegidos […] y se abrirán nuevos procesos", afirmó.

La presidenta Sheinbaum respaldó las declaraciones de Gómez y aseguró que la resolución es un reconocimiento del modus operandi que involucró a funcionarios de administraciones pasadas. 

Sin embargo, ambos lamentaron que, mientras en EE. UU. se dictó una sentencia firme, un tribunal mexicano otorgó un amparo a la esposa de García Luna, permitiéndole mover dinero dentro del sistema financiero nacional.

Pablo Gómez reveló que los desvíos documentados provienen de 30 contratos públicos firmados entre 2009 y 2018 con la Policía Federal, el CISEN y otras dependencias. Las empresas involucradas —Nunvav Inc., Nunvav Technologies, Nice Systems y GLAC— triangularon más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos a través de paraísos fiscales como Barbados e Israel, para luego reingresar parte del dinero a México y pagar a los cómplices de la red corrupta.

"No se roba gratis. Se necesitan coyotes e instrumentos de poder. Cuando García Luna ya no estaba, otros dentro del gobierno facilitaron los desvíos", denunció.

También indicó que 15 empresas más están identificadas como receptoras de dinero, en un esquema de dispersión diseñado para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Paralelamente al proceso civil en Estados Unidos, Gómez confirmó que en México se lleva a cabo un proceso penal con detenidos, encarcelados, testigos protegidos y una persona sujeta a extradición en España. Este proceso, dijo, es clave para desentrañar cómo funcionaba la estructura de corrupción institucionalizada que García Luna encabezó durante dos gobiernos.

"Es la primera vez que se logra recuperar una cantidad de esta magnitud mediante una demanda civil. Pero lo más relevante vendrá con las sentencias penales en México", subrayó Gómez.

La demanda civil fue interpuesta en septiembre de 2021 por la UIF. Aunque Cristina Pereyra participó en las primeras audiencias, después se retiró del proceso, lo que aceleró la sentencia judicial.

Gómez también agradeció la colaboración de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aportó información clave sobre los contratos firmados durante su gestión en Seguridad Pública.

"No debemos desaprovechar esta oportunidad de exponer cómo operan los delincuentes de cuello blanco. Vamos a escarbar en esa maquinaria de corrupción que se creía intocable", concluyó el titular de la UIF.

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