La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó medidas cautelares que impiden que se emprendan sanciones o se inicie un proceso de revocación de mandato en contra de Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, Guerrero.

Los ministros Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa concedieron las suspensiones dentro de las controversias constitucionales 174/2025 y 176/2025 promovidas por el municipio de Acapulco en contra de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) y el Congreso local. Las resoluciones fueron publicadas este jueves 26 de junio.

"Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo. La medida cautelar surtirá efectos de inmediato sin necesidad de que la parte actora exhiba garantía", establece uno de los acuerdos judiciales.

La alcaldesa interpuso las controversias constitucionales luego de que la ASE le requiriera información sobre el uso de 898 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), recursos federales cuya gestión ha sido señalada como presuntamente irregular.

El requerimiento fue formulado mediante el oficio ASE-1380-2025, fechado el 3 de abril, y notificado también al Congreso de Guerrero, lo que, según el municipio de Acapulco, constituye una invasión de competencias, al pretender que se inicie un procedimiento administrativo en contra de la presidenta municipal a través del Órgano Interno de Control local.

"Es un claro acto de molestia que debe ser declarado como inválido, pues se solicita iniciar un procedimiento administrativo con sus consecuentes actos de investigación, lo que vulnera la autonomía municipal", argumenta el gobierno de Acapulco en su demanda ante la Corte.

En las controversias se sostiene que las autoridades estatales han transgredido competencias federales al instaurar un proceso de fiscalización que, según el municipio, corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, conforme al artículo 79 de la Constitución.

El acuerdo emitido por el ministro Laynez Potisek protege a la alcaldesa de acciones impulsadas por la ASE, mientras que el dictado por la ministra Esquivel Mossa impide que se inicie el procedimiento de revocación de su mandato.

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