Silvano Aureoles comparecerá en agosto ante juez por presunto desfalco millonario en Michoacán
El exmandatario promovió un amparo contra su orden de detención y obtuvo una suspensión provisional condicionada ante las autoridades judiciales
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ya tiene fecha para comparecer ante la juez de control que ordenó su captura por su presunta implicación en un desfalco de más de 3 mil millones de pesos durante su administración al frente del gobierno estatal.
Según informes de los estrados judiciales, el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte notificó a la juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, que Aureoles se presentó voluntariamente en dicho recinto para quedar notificado de la orden de aprehensión en su contra.
La imputación, promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), forma parte de la causa penal 118/2025, en la que se le acusa de los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y asociación fraudulenta.
Las irregularidades están relacionadas con la construcción de siete cuarteles de policía en Michoacán, que habrían ocasionado un daño al erario por 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos.
El exmandatario, que promovió un amparo contra su orden de detención, obtuvo una suspensión provisional condicionada a su comparecencia ante las autoridades judiciales.
Al haber cumplido con esta medida, la suspensión se mantiene vigente, impidiendo que sea detenido mientras la juez Vargas resuelve si le otorga la suspensión definitiva, resolución que está programada para mañana durante una audiencia incidental.
La audiencia inicial para que Aureoles escuche formalmente las imputaciones se realizará el próximo 20 de agosto a las 10:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente.
Cabe destacar que en este mismo caso ya han sido vinculados a proceso otros exfuncionarios del gobierno estatal, entre ellos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de dicha dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción más graves registrados en la historia reciente del estado, y podría marcar un precedente legal significativo en el combate a la impunidad en el ejercicio del poder público.
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