Senado avala reforma para eliminar las “pensiones doradas” de servidores públicos
La medida contempla excepciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos otros casos.
El pleno del Senado de la República aprobó con 115 votos a favor y seis abstenciones una reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios y exdirectivos de organismos públicos.
El dictamen, que ahora fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación, busca eliminar los ingresos excesivos que reciben algunos exservidores públicos, lo que permitiría generar ahorros estimados en cinco mil millones de pesos al año.
La reforma plantea modificaciones al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que cualquier pensión otorgada en el país no podrá superar la mitad del salario mensual de la Presidencia de la República, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
La medida contempla excepciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos otros casos específicos establecidos en la ley.
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que existen miles de personas que reciben pensiones “estratosféricas” financiadas con recursos públicos.
El legislador citó como ejemplo el caso de un extrabajador de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro que percibe más de un millón de pesos mensuales como pensión, lo que calificó como una muestra de abuso.
Cantón Zetina explicó que el objetivo de la reforma es ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos y evitar pensiones desproporcionadas, sin eliminar el derecho de los trabajadores a un retiro digno.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que la iniciativa establece que las jubilaciones del personal de confianza en empresas públicas del Estado y organismos descentralizados de los tres órdenes de gobierno no deberán exceder la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal.
También precisó que quedarán excluidas del límite las pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas, aquellas derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva.
El proyecto establece en sus artículos transitorios que, una vez que entre en vigor, todas las pensiones que no estén dentro de las excepciones deberán ajustarse al nuevo límite, incluso aquellas que ya se encuentran vigentes.
A pesar del respaldo generalizado de las bancadas, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre el alcance de la reforma y la posible retroactividad de la medida.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó su voto a favor, aunque advirtió que la iniciativa podría implicar riesgos jurídicos si afecta derechos previamente adquiridos.
Asimismo cuestionó que la propuesta excluya a integrantes de las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial de la Federación.
En el mismo sentido, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier Ramírez Acuña, advirtió que el debate implica definir si el Estado mantendrá la estabilidad jurídica o si se afectarán derechos previamente consolidados.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, cuestionó que durante el sexenio anterior se continuaran autorizando recursos para este tipo de pensiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con datos oficiales, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo reciben pensiones superiores al salario presidencial.
Entre las instituciones que concentran estos casos se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 544 y dos mil 199 pensionados, respectivamente, cuyos ingresos superan el tope salarial del Ejecutivo.
También se registran casos en la Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Banco Nacional de Comercio Exterior.
Según estimaciones oficiales, cerca del 67% de unos 14 mil pensionados en ciertos organismos reciben ingresos superiores al salario presidencial, con montos que van desde los 100 mil pesos hasta más de un millón de pesos mensuales.
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