Se disparan 41% las denuncias por ordeña de hidrocarburos en 2025

Las denuncias por delitos federales relacionados con hidrocarburos registraron un incremento de 41% en 2025 respecto a 2024, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Hidalgo volvió a colocarse como el epicentro nacional del huachicol, al registrar un salto de 560 a mil 653 carpetas de investigación. En la entidad, la ordeña de ductos dejó de ser una práctica marginal para consolidarse como un mercado estructurado y, al mismo tiempo, como un espacio de disputa entre grupos criminales con control territorial y arraigo comunitario.

Baja California triplicó sus denuncias, al pasar de 170 a 529 casos, impulsadas por aseguramientos en las rutas Tijuana-Tecate-Ensenada y su conexión directa con la logística criminal del noroeste del país. Puebla también reportó un repunte relevante, de 906 a mil 203 querellas, en línea con la reconfiguración del llamado Triángulo Rojo, donde bandas locales combinan la ordeña, el resguardo y la distribución de combustible robado.

El fenómeno se ha extendido hacia corredores estratégicos del centro del país. El Estado de México pasó de apenas 79 a mil 67 denuncias, mientras que Querétaro incrementó sus carpetas de 250 a 455, aprovechando la carretera federal 57, patios industriales y bodegas para ocultar y redistribuir el combustible ilegal.

Jalisco registró un aumento de 324 a 447 denuncias, y entidades como Tabasco, Chihuahua, Tlaxcala y Oaxaca reportaron repuntes asociados al transporte, almacenamiento y cruce del combustible robado.

Las investigaciones oficiales no solamente confirman la persistencia de la ordeña directa de ductos de Pemex, sino que revelan una mutación profunda del negocio ilegal hacia esquemas de contrabando, evasión fiscal y uso de empresas fachada, conocidos como "huachicol fiscal". En este nuevo modelo, el centro de gravedad del delito ya no es únicamente la toma clandestina, sino la aduana, la factura y la logística.

Desde 2019, autoridades federales detectaron supuestas importaciones de combustible que ingresan por vía marítima al país. Este esquema volvió a quedar al descubierto a finales de marzo, con el aseguramiento de 18 millones de litros de hidrocarburo ilegal en puertos de Tamaulipas y Baja California.

En ambos casos apareció la empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, así como su presunta relación con Impulsora de Productos Sustentables (IPS) y una red de al menos 15 empresas factureras que, según las indagatorias, estarían vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidenciando la dimensión empresarial y transnacional que ha adquirido el delito.

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