SCJN avala conservación de registros telefónicos y geolocalización para investigaciones de seguridad

Por mayoría de votos.

SCJN
Última actualización:  |  Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligación de los operadores de telecomunicaciones de conservar registros telefónicos, incluidos datos de llamadas, consumo de internet y geolocalización en tiempo real, así como proporcionar esta información a las autoridades cuando sea requerida bajo los controles legales correspondientes.

Por mayoría de votos, el pleno del máximo tribunal negó el amparo promovido por un ciudadano que argumentó que el artículo 183 de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulnera los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales.

El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, estableció que el derecho a la privacidad no es absoluto y que la conservación de registros de telecomunicaciones con fines de seguridad es compatible con la Constitución.

Sin embargo, precisó que la información almacenada por las compañías no podrá entregarse a las autoridades de seguridad sin una autorización judicial, aunque este requisito no se encuentre expresamente establecido en la nueva legislación.

"El acceso a los datos conservados únicamente resulta constitucionalmente válido cuando se ajusta a los requisitos, límites y controles derivados del propio texto constitucional", señala el proyecto aprobado.

La resolución también avaló las disposiciones relacionadas con el bloqueo y la cancelación de servicios de telecomunicaciones.

En cuanto a la geolocalización en tiempo real, la ministra ponente argumentó que la Suprema Corte ya ha validado esta herramienta en resoluciones anteriores, por lo que su conservación por parte de los operadores no representa, por sí misma, una violación constitucional.

Durante la discusión del asunto, algunos ministros propusieron modificaciones a la metodología planteada por Ríos González para analizar la constitucionalidad de las disposiciones.

Las sugerencias provocaron una respuesta de la ministra, quien manifestó su inconformidad ante la posibilidad de que sus compañeros pretendieran imponerle cambios a su proyecto.

"Creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como algunos quieren, me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra", expresó durante la sesión.

Finalmente, el pleno aprobó el proyecto y negó el amparo al ciudadano, con lo que respaldó la conservación de los registros de telecomunicaciones bajo los límites y controles constitucionales establecidos en la resolución.

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