Procesan a extesorero del ISSSTE por contratos con empresa fantasma
La juzgadora también fijó cuatro meses de investigación complementaria antes de la etapa de juicio.
Una jueza federal vinculó a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y extesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción relacionados con contratos de salud otorgados a una empresa fantasma.
Durante una audiencia celebrada el pasado 3 de marzo en el Reclusorio Oriente, la jueza Patricia Sánchez Nava determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son suficientes para iniciar proceso penal en contra del exfuncionario por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
La juzgadora también fijó cuatro meses de investigación complementaria antes de la etapa de juicio y ordenó medidas cautelares contra Tapia Santoyo, entre ellas la obligación de presentarse a firmar periódicamente y la prohibición de salir del país.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019, cuando Tapia Santoyo estaba a cargo de la administración del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE autorizó tres contratos por 11 millones 147 mil pesos a la empresa Interacción Biomédica S. A. de C. V., pese a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya la había identificado desde un año antes como una compañía que simulaba operaciones.
Este caso fue presentado por segunda ocasión ante el Poder Judicial luego de que en febrero un juzgado rechazó judicializarlo por fallas técnicas en la investigación, aunque permitió a la Fiscalía corregirlas.
Autoridades ministeriales confirmaron que el expediente judicializado es solo uno de varios procesos abiertos contra Tapia Santoyo, quien también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades en contrataciones dentro del IPN. Las indagatorias se remontan a 2019 y nuevas carpetas fueron abiertas a partir de 2022.
Pese a estos señalamientos, el exfuncionario permaneció en el cargo de secretario de Administración del IPN durante el sexenio anterior. En noviembre de 2025, ya en la actual administración federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ordenó su suspensión del cargo ante el cúmulo de denuncias e investigaciones en curso.
Con esta decisión judicial suman cuatro personas vinculadas a proceso por los contratos otorgados a Interacción Biomédica. La semana pasada también fueron procesados los exfuncionarios María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, además de Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de la empresa.
Investigaciones periodísticas independientes señalan que Interacción Biomédica formaría parte de una red de más de 80 empresas fachada que durante la última década habrían recibido más de 3 mil 800 millones de pesos en recursos públicos, presuntamente utilizados para transferencias irregulares y lavado de dinero.
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