ONG denuncia omisiones y posibles patrones de impunidad en homicidios de periodistas en Veracruz
El informe señala que las víctimas incluían periodistas críticos de los presuntos vínculos entre autoridades estatales y grupos de la delincuencia organizada.
Las deficiencias detectadas en las investigaciones de periodistas asesinados en Veracruz entre 2010 y 2016 evidencian patrones de impunidad y una posible colusión de autoridades con la delincuencia organizada, de acuerdo con un estudio de la organización Propuesta Cívica.
La investigación, titulada “Prohibido investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, analiza tres casos ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte y documenta irregularidades en las indagatorias de crímenes que dejaron ocho personas asesinadas.
El informe señala que las víctimas incluían periodistas críticos de los presuntos vínculos entre autoridades estatales y grupos de la delincuencia organizada, en un contexto de violencia que convirtió a Veracruz en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.
A partir de la revisión de los expedientes de investigación, Propuesta Cívica identificó patrones comunes en los tres casos analizados que, según la organización, reflejan deficiencias sistemáticas y posibles mecanismos de complicidad que favorecieron la impunidad.
Uno de los principales hallazgos es que las autoridades realizaron investigaciones consideradas superficiales, sin establecer hipótesis sólidas y sin abordar la complejidad de los casos.
La organización advierte que las indagatorias no consideraron de manera adecuada factores como la posible participación del crimen organizado, la actividad periodística de las víctimas como posible móvil de los ataques y la perspectiva de género.
Asimismo, los expedientes presentan omisiones de información relevante, entre ellas peritajes, análisis telefónicos y de objetos, así como reconocimientos, mientras que las investigaciones se sustentaron principalmente en entrevistas y declaraciones de presuntos integrantes de grupos criminales y elementos policiacos.
El informe también documenta incumplimientos de protocolos de actuación. En los casos en los que las víctimas fueron reportadas como desaparecidas, las autoridades no habrían reaccionado de manera inmediata. Además, las escenas de los crímenes y los indicios encontrados en ellas no fueron preservados adecuadamente.
Propuesta Cívica también cuestionó que las autoridades no atendieran las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales relacionadas con estos casos.
La organización sostiene que la acumulación de omisiones, deficiencias y falta de seguimiento a recomendaciones podría apuntar a una colusión directa o por tolerancia de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada, al permitir que los responsables de los asesinatos permanecieran impunes.
El estudio ubica estos casos dentro de un periodo particularmente violento para la prensa en Veracruz. Desde el año 2000, más de 30 periodistas han sido asesinados en el estado, mientras que 18 de estos homicidios ocurrieron durante el sexenio de Javier Duarte, quien gobernó la entidad de 2010 a 2016.
La organización advierte que la falta de investigaciones exhaustivas no únicamente impide esclarecer los asesinatos, sino que también contribuye a mantener un entorno de riesgo para quienes ejercen el periodismo y refuerza las condiciones que permiten que estos crímenes permanezcan sin una respuesta efectiva de las autoridades.
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