Morena aprueba reserva para reducir penas a funcionarios acusados de extorsión

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Extorsión, junto con una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que reduce las penas de cárcel para funcionarios públicos que no denuncien o informen sobre casos de extorsión.

La modificación, avalada por 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, ajusta el artículo 21 de la ley, disminuyendo la sanción de entre 10 y 20 años de prisión a un rango de 5 a 12 años para los servidores públicos que omitan reportar este delito.

“No se le puede aplicar una pena mayor al funcionario que omite o no informa, frente al que es extorsionador. Estamos planteando que al extorsionador se le impongan de 6 a 15 años y al funcionario que no informa, de 5 a 12. Esa es la razón lógica y proporcional”, argumentó Monreal desde tribuna.

Asimismo, la reserva fue aprobada por la mayoría oficialista, aunque provocó una intensa discusión con la oposición, que calificó la medida como un retroceso en la lucha contra la corrupción y una maniobra política para proteger a exfuncionarios señalados por vínculos con el crimen organizado.

No obstante, el coordinador del PAN, Elías Lixa, criticó que en lugar de fortalecer las sanciones contra funcionarios corruptos, la mayoría legislativa optara por aligerar las penas, lo que -dijo- envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.

“Es un mal mensaje que, después de reformar el artículo 73 constitucional para combatir la extorsión, terminemos dando a México una legislación más leve que la de los estados. No dejen lugar a la especulación, no lo dejen porque esto solo hace pensar que esta atenuante busca proteger a todos aquellos que siendo parte del gobierno de Tabasco no quisieron denunciar a Bermúdez”, señaló, en referencia al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, investigado por presuntos nexos con el crimen organizado cuando Adán Augusto López era gobernador.

Por su parte, el diputado panista David Azuara Zúñiga acusó que la reserva no obedece a criterios técnicos sino políticos, al asegurar que fue diseñada para beneficiar directamente a Bermúdez Requena.

“De un lado queremos proteger a las víctimas; del otro, están quienes quieren proteger a los extorsionadores. Esta no es una reforma técnica, es una reforma política con nombre y apellido, y su beneficiario es Hernán Bermúdez”, afirmó.

Finalmente, la mayoría de Morena y sus aliados defendieron la modificación al considerar que las sanciones originales eran “desproporcionadas” y que la reducción busca mantener equilibrio entre los distintos tipos de responsabilidad penal en torno al delito de extorsión.

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