México llega a acuerdo con los Weinberg, socios de García Luna, y se retirarán los cargos

El gobierno de México y la familia Weinberg, socios comerciales del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alcanzaron un acuerdo reparatorio que conducirá al retiro de los cargos civiles que enfrentaban en una corte del condado de Miami-Dade, Florida.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acordó desestimar la demanda presentada en septiembre de 2021 en contra de Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y las empresas asociadas Nunvav, Inc., Nunvav Technologies, Inc. y Gull Holding Enterprises, S. A., tras concretarse el acuerdo.

Según una moción presentada el pasado 23 de mayo, las partes pidieron a la jueza Lisa Walsh que se ordene la desestimación de la acción "sin perjuicio" y que la Corte mantenga la jurisdicción para validar y hacer cumplir los términos del "Acuerdo Confidencial Reparatorio", el cual fue alcanzado desde el 19 de febrero de este año.

Aunque el contenido del acuerdo se mantiene bajo reserva, se prevé que implique el pago de millones de dólares por parte de los Weinberg, como una reparación al Estado mexicano. La resolución de la jueza sobre la solicitud conjunta aún está pendiente, pero se espera que sea confirmada en los próximos días.

La demanda original fue interpuesta por la UIF en septiembre de 2021 y acusaba a García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra, y varios de sus socios, incluidos los Weinberg, de participar en una red de corrupción mediante la cual obtuvieron contratos millonarios del gobierno mexicano a través de esquemas fraudulentos. También fueron señalados de violar leyes contra prácticas criminales y de lavado de dinero en el estado de Florida, al utilizar empresas pantalla para ocultar ganancias y adquirir bienes de lujo.

El gobierno mexicano reclamaba originalmente una reparación de al menos 250 millones de dólares. García Luna y su esposa, al no responder a la demanda civil, fueron sentenciados a pagar más de 2 mil 500 millones de dólares en conjunto.

Este proceso civil ocurre de manera paralela a la condena penal que enfrenta García Luna en Estados Unidos, donde fue sentenciado a casi 39 años de prisión tras ser hallado culpable de recibir sobornos de un grupo delictivo durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que permitió a la agrupación criminal operar con impunidad en México.

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