Inseguridad obligó a 14.5% de los negocios mexicanos a cancelar inversiones durante 2025: Inegi

La afectación también modificó las actividades comerciales y productivas de los establecimientos.

Dinero
Última actualización:  |  Redacción

La inseguridad provocó que el 14.5% de los establecimientos privados en México cancelara inversiones durante 2025, mientras que los costos económicos asociados al delito y las medidas de prevención alcanzaron los 115 mil 100 millones de pesos, equivalentes al 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB), informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, el impacto económico de la inseguridad se distribuyó entre los gastos destinados a medidas preventivas, que representaron el 51.2% del total, y las pérdidas económicas derivadas de los delitos, con el 48.8%.

La afectación también modificó las actividades comerciales y productivas de los establecimientos. El 17.6% redujo sus horarios de producción o venta; el 19.2% abandonó o disminuyó el uso de efectivo; el 8.2% dejó de hacer negocios con otras empresas y el 5.7% canceló rutas de distribución.

Estas decisiones fueron consecuencia tanto de delitos sufridos como de acciones para evitar convertirse en víctimas.

Por entidad federativa, Tabasco registró la mayor proporción de establecimientos que cancelaron inversiones, con el 32.1%, seguido de Morelos, con 27.4%, y Puebla, con 23.9%.

En cuanto a la incidencia delictiva, la extorsión encabezó los delitos contra las unidades económicas, con 787 mil casos, de los cuales el 91% se cometió por vía telefónica, equivalente a 716 mil hechos.

La tasa de extorsión alcanzó mil 467 casos por cada 10 mil establecimientos, seguida del robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885. En conjunto, estos tres delitos concentraron el 59% de los ilícitos registrados.

El Inegi estimó que durante 2025 se cometieron 3 millones de delitos contra aproximadamente 1.4 millones de establecimientos, lo que representó un promedio de 2.2 hechos por cada unidad económica víctima.

Aunque la proporción de negocios afectados disminuyó de 27.2% en 2023 a 25.9% en 2025, el número de establecimientos víctimas aumentó respecto a los 1.3 millones registrados en el periodo anterior.

Los establecimientos medianos presentaron la mayor proporción de victimización, con 51.9%, seguidos de los grandes, con 48.4%. Por sector económico, el comercio registró la mayor afectación, con 30.5%.

A nivel estatal, Baja California, Querétaro y Chihuahua reportaron las tasas más elevadas de delitos contra establecimientos.

Otro de los problemas identificados en la encuesta fue la baja denuncia. Apenas el 9.9% de los delitos fue denunciado y solamente el 8.2% derivó en una carpeta de investigación, mientras que el 91.8% quedó sin denunciar.

Entre los casos en los que sí se inició una investigación, el 46.4% permanecía en trámite y en el 29% de los casos las víctimas señalaron que no ocurrió nada. La pérdida de tiempo fue uno de los principales motivos para no presentar denuncias.

El reporte también documentó que el 5.3% de los delitos presenciados por empleados o propietarios de los establecimientos involucró agresiones físicas.

En materia de percepción, durante marzo, abril y mayo de 2026, el 71.2% de los establecimientos consideró insegura la entidad donde opera, mientras que el 54.8% percibió como inseguro el traslado de mercancías por carretera.

La inseguridad se posicionó como el principal problema para el 57.1% de los negocios consultados.

Respecto a la confianza en las corporaciones de seguridad, el 70.5% de los establecimientos consideró corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras que la Marina obtuvo la mayor valoración de efectividad, con el 88%.

Los resultados de la ENVE 2026 reflejan el impacto de la delincuencia en la actividad empresarial mexicana, tanto por las pérdidas económicas directas como por las decisiones de los establecimientos de modificar sus operaciones, reducir actividades y desistir de nuevos proyectos de inversión ante los riesgos de inseguridad.

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