Fiscal del caso Ayotzinapa es acusado de peculado, extorsión y cohecho por sus propios colaboradores
Entre las acusaciones destacan prácticas de corrupción al interior de la unidad.
Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), enfrenta graves acusaciones por parte de los propios integrantes de su equipo, quienes lo señalan por cometer diversos delitos como peculado, extorsión, cohecho, abuso de autoridad e intimidación.
La denuncia fue presentada el pasado 28 de abril por Ricardo Domínguez Mora ante la fiscal especial de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR), Adriana Campos, y también dirigida a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a la Presidencia de la República. Milenio tiene copia del documento.
Entre las acusaciones destacan prácticas de corrupción al interior de la unidad encargada de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el oficio, Gómez Piedra utiliza vehículos oficiales para mandar por comida y exige que esta llegue caliente. Además, presuntamente obliga a su personal a darle regalos en su cumpleaños y solicita dinero en efectivo.
"Es el colmo que le regalen cajas con dinero, que Rosendo Gómez Piedra abre descaradamente frente a todos, jalando una tira interminable de billetes de 500 y de mil pesos pegados en una cinta", se lee en la denuncia, donde también se asegura que hay grabaciones en video que prueban estos hechos.
Uno de los casos que más indignación ha causado entre los agentes es la designación de César Ovidio Suárez Aldecoa como director general dentro de la UEILCA. De acuerdo con el documento, Suárez Aldecoa, originario de Tabasco y amigo cercano de Gómez Piedra, no tiene experiencia en materia penal ni en derechos humanos, y pese a estar a cargo de la investigación para encontrar a los estudiantes desaparecidos, se le acusa de mostrar total desinterés por el caso.
El documento también denuncia la asignación irregular de personal. Por ejemplo, un jefe de departamento fue comisionado como chofer de la esposa del fiscal, lo cual constituye un acto de peculado, según el artículo 223 del Código Penal Federal.
Respecto a los incentivos autorizados por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para premiar el desempeño del personal, los denunciantes afirman que Gómez Piedra únicamente los ha entregado a personas cercanas, exigiendo a cambio el 20% del monto en efectivo. Este comportamiento, afirman, encuadra en el delito de extorsión contemplado en el artículo 390 del Código Penal Federal.
También se menciona que Gómez Piedra habría solicitado dinero al personal presuntamente para apoyar en Tabasco a la fiscal Sara Irene Herrerías, con la intención de impulsar su candidatura como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde que Rosendo Gómez Piedra asumió el cargo como fiscal especial en octubre de 2022, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, los familiares de los estudiantes desaparecidos han denunciado falta de avances significativos en la investigación. Las nuevas acusaciones refuerzan la percepción de estancamiento y descomposición al interior de la unidad especial.
Hasta el momento, ni la FGR ni el propio fiscal han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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