FGR vincula a Ernesto Ruffo con presunta red de contrabando de combustibles provenientes de Deer Park

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de contrabando de petrolíferos en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la cual habría introducido de manera ilegal combustibles provenientes incluso de la refinería Deer Park Refining, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Texas desde 2022.

De acuerdo con la indagatoria, uno de los principales indicios que derivó en la captura del exmandatario fue el aseguramiento de 33 ferrotanques abandonados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, que contenían un total de 3 millones 716 mil 254 litros de diésel y gasolina.

La investigación señala que nueve de esos ferrotanques tenían como remitente a la filial texana de Pemex, Deer Park Refining, y como consignatario a la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio y fundador. Sin embargo, el destinatario final de los hidrocarburos habría sido la empresa Internacional de Fundentes.

Según la denuncia presentada por Pemex ante la FGR el 19 de septiembre de 2025, además del primer aseguramiento, las autoridades localizaron un segundo punto en Saltillo, Coahuila, donde fueron encontrados 96 ferrotanques con aproximadamente 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo.

"Se tiene la certeza del aseguramiento de 33 carrotanques [...] en un primer sitio, y en el segundo se localizaron 96 carrotanques que contenían 11 millones 520 mil litros de hidrocarburo", señala la denuncia.

El documento también sostiene que la magnitud de la operación evidencia la participación de una estructura organizada. "Siendo evidente que para transportar a través de ferrotanques cuantiosas cantidades de producto, no es capacidad ni producto de una sola persona, se trata de una multiplicidad de actividades en los que, por antecedentes, se puede referir que son grupos de la delincuencia organizada los que operan este tipo de actividades ilícitas en perjuicio de mi representada, que incluso pueden involucrar servidores públicos de distintos ámbitos, como agencias aduanales", refiere la querella de Pemex.

La investigación de la FGR continúa para determinar el grado de participación de los presuntos implicados y establecer la posible responsabilidad de servidores públicos y particulares en la operación de esta red de contrabando de combustibles.

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