En gestión de Romero Tellaeche, CIDE asignó 42% de plazas docentes a la burocracia

Durante la gestión de José Antonio Romero Tellaeche al frente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 42% de las plazas destinadas a profesores fueron utilizadas para tareas administrativas, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría de desempeño correspondiente a 2023. La situación, según el Sindicato del CIDE, se habría mantenido al menos hasta 2025.

De acuerdo con la auditoría 2023-2-3890M-07-0043-2024, de las 176 plazas asignadas para personal académico, 75 se destinaron a actividades burocráticas. José Roldán Xopa, secretario general del Sindicato del CIDE (SIPACIDE), explicó que estas reasignaciones se justificaron bajo el argumento de que no existían plazas administrativas autorizadas, por lo que se recurrió a plazas académicas para cubrir funciones ajenas a la docencia y la investigación.

La ASF también detectó un desplome significativo en los indicadores académicos de la institución. Entre 2018 y 2023, los proyectos de investigación científica pasaron de 82 a solamente seis, lo que representa una reducción del 92%. En el mismo periodo, los proyectos de investigación y educación continua financiados con recursos externos y del Conahcyt cayeron de 134 a 16. Asimismo, los productos de investigación disminuyeron de 447 a 224, y los programas de educación continua se redujeron de 52 a 10.

Según los tabuladores de sueldos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 1 de febrero de 2024, un profesor-investigador titular "C" del CIDE percibe un sueldo bruto base de 45 mil 504 pesos, mientras que un técnico auxiliar "A" recibe 11 mil 110 pesos. En contraste, un delegado administrativo —el cargo más alto en el área burocrática— tiene un sueldo base de 23 mil 49 pesos, y un archivista administrativo percibe 7 mil 253 pesos.

No obstante, Roldán Xopa señaló que las percepciones varían según cada contratación y que no es posible determinar con certeza quiénes resultaron más beneficiados salarialmente con el uso de plazas académicas para funciones administrativas.

Tras la observación de la ASF, la Dirección de Recursos Humanos del CIDE presentó en enero de 2025 un plan en tres etapas para solicitar plazas conforme a la naturaleza de las funciones: diagnóstico de las plazas existentes, rediseño de la estructura organizacional y gestiones ante la Administración Pública Federal. Con ello, la ASF dio por solventada la observación.

La doctora en derecho Catalina Pérez Correa, exprofesora-investigadora del CIDE, afirmó que durante la administración de Romero Tellaeche se violó reiteradamente la normatividad interna mediante contrataciones por designación directa, con el objetivo de evadir los mecanismos institucionales de evaluación académica.

"La consecuencia fue que se privilegiaron perfiles con afinidad política al partido oficialista por encima de las credenciales científicas", señaló. Como ejemplo, mencionó contrataciones en la sede de Aguascalientes de personas cuyos currículums destacaban actividades de afiliación partidista a Morena.

La institución justificó ante la ASF la caída en la producción académica por la extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en diciembre de 2021, como parte del decreto federal que eliminó diversos fideicomisos para atender la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19.

Según la auditoría, la desaparición del fideicomiso dejó al CIDE sin reglas de operación para administrar recursos de terceros y sin políticas para el uso de ingresos autogenerados, lo que bloqueó su capacidad de captar financiamiento externo. La observación fue considerada solventada tras la presentación del Plan de Trabajo 2025.

Pérez Correa sostuvo que los fideicomisos fueron presentados "de forma engañosa" como integrados únicamente por recursos públicos, cuando en realidad incluían fondos privados gestionados por los propios académicos. Su eliminación, advirtió, canceló la posibilidad de mejorar equipamiento, otorgar becas y dar continuidad a proyectos de largo plazo.

Para Roldán Xopa, la crisis del CIDE no se explica solo por la falta de recursos, sino por un clima institucional adverso que provocó una salida constante de académicos. Durante la última revisión contractual del sindicato se contabilizaron 20 vacantes, cerca del 10% de la planta docente.

El líder sindical calificó la situación como "una hemorragia que no logra cicatrizar", atribuida a despidos, renuncias, eliminación de prestaciones y la cancelación de las Cátedras Conahcyt. Catalina Pérez, exintegrante del Programa de Política de Drogas del CIDE —cerrado durante la gestión de Tellaeche—, denunció que investigadores fueron expulsados por considerar que sus líneas de investigación no eran compatibles con las prioridades institucionales.

Entre los perfiles desplazados se encontraban especialistas en tráfico de fentanilo, violencia como epidemia y justicia penal con enfoque de reducción de daños.

Roldán Xopa consideró que la llegada de la doctora Lucero Ibarra abre la posibilidad de reconstruir la vida institucional del CIDE. Entre las prioridades, señaló la restitución de las plazas académicas a su función original, la eliminación de contrataciones por honorarios y el regreso a concursos de oposición abiertos.

Catalina Pérez, por su parte, subrayó que el relevo en la dirección no es suficiente y planteó la necesidad de una reforma estructural que otorgue al CIDE una independencia similar a la de El Colegio de México. Además, exigió un proceso formal de rendición de cuentas para esclarecer el manejo de recursos, plazas y despidos durante la gestión de Romero Tellaeche.

"Volver a la normalidad institucional requiere transparencia y responsabilidades claras sobre lo ocurrido en los últimos cinco años", concluyó.

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