Diputados y senadores impugnan 26 candidaturas judiciales, tras proceso de selección deficiente
Luego de haber liderado los procesos de selección de candidatos impulsados por el Poder Legislativo, ahora los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 18 candidaturas en la elección judicial del próximo 1 de junio.
En un comunicado expusieron que las 18 personas señaladas no cumplen con el requisito de "gozar de buena reputación", por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes que implican delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones e incluso delincuencia organizada.
El comunicado advierte que se "acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas".
Pero además, también se destacó que otras ocho candidaturas no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho de calificación, por lo que en total serían 26 candidaturas las que se busca que se bajen de la contienda ya en medio de las campañas, y después de no darle al INE la facultad de poder hacer algo al respecto.
En el comunicado también se documenta que algunas de ellas "han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado", lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
"La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna e insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93.
"Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso", dijo.
"La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética", concluyó Gutiérrez Luna.
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