Defiende Suprema Corte compra de nuevas camionetas para ministros
Responde a criterios de seguridad y operación institucional, asegura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que decidió renovar la flotilla de vehículos asignados a los nuevos ministros que entraron en funciones en 2025, como resultado de la primera elección judicial, y defendió la adquisición al señalar que responde a criterios de seguridad y operación institucional.
A través de un comunicado, el máximo tribunal informó que se trata de nueve unidades, cuya compra se realizó luego de solicitar opiniones técnicas a "autoridades federales". De acuerdo con la información oficial, dichos análisis concluyeron que los vehículos que se encontraban en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que mantenerlos en operación representaba un riesgo para el desempeño de las funciones de los ministros.
La Corte subrayó que la decisión no obedeció a consideraciones discrecionales, sino a criterios de prevención y seguridad institucional. Precisó que la normatividad vigente establece que este tipo de vehículos, por las características del servicio que prestan y por razones de seguridad, deben renovarse de manera periódica, cada cuatro años o antes si las condiciones del automotor dejan de ser seguras.
Las unidades adquiridas corresponden al modelo Jeep Cherokee, cuyo costo inicial ronda el millón de pesos, aunque el precio puede incrementarse dependiendo de los acabados interiores, las comodidades adicionales y el nivel de blindaje que se incluya.
En su postura oficial, la SCJN señaló que, con el fin de no generar un mayor impacto presupuestal, la compra se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular más amplio que el adquirido. Con ello, aseguró, se busca equilibrar la renovación necesaria de los vehículos con una gestión responsable del gasto público.
Finalmente, el máximo tribunal afirmó que esta decisión forma parte de su compromiso con el uso racional de los recursos públicos, sin poner en riesgo las condiciones mínimas de seguridad requeridas para el ejercicio de la función jurisdiccional.
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