Corte ampara a mujer que tuvo un aborto tras ser torturada durante arraigo en CDMX
La resolución de la SCJN establece criterios vinculantes para todo el país.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a una mujer detenida en 2012 en la Ciudad de México, quien denunció haber sido torturada durante su arraigo, situación que derivó en la pérdida de sus gemelos. La decisión no únicamente anula las diligencias realizadas durante el periodo en que estuvo arraigada, sino que además establece nuevos lineamientos nacionales sobre la detención de mujeres embarazadas.
Por unanimidad, los ministros declararon inconstitucional el arraigo al que fue sometida la mujer, al considerar que la autoridad que lo ordenó carecía de competencia legal. Durante ese periodo, según la denunciante, sufrió golpes, quemaduras con cigarro, patadas y cortes, actos que —afirmó— derivaron en un aborto.
La mujer fue arrestada por el delito de secuestro exprés y condenada a 70 años de prisión, sentencia confirmada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No obstante, en su solicitud de amparo, la defensa argumentó una incorrecta valoración de las pruebas, entre ellas los testimonios obtenidos bajo presunta tortura.
La resolución de la Corte excluye todas las pruebas obtenidas durante los 20 días de arraigo, pues el procedimiento fue ordenado por una jueza del fuero común y solicitado por el Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) capitalina, sin tener competencia legal para ello.
Además, la Sala invalidó las diligencias de reconocimiento de la mujer en Cámara de Gesell y por fotografía, al determinar que se realizaron sin la presencia de un abogado defensor, lo que vulneró su derecho a una defensa adecuada.
El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, también ordena que un Tribunal Federal determine si existe una relación causal entre la tortura sufrida y el aborto. En caso de no poder probarlo directamente, deberá analizarse si existe sospecha razonable de maltrato durante su detención.
La resolución de la SCJN establece criterios vinculantes para todo el país, con el fin de garantizar los derechos de mujeres embarazadas privadas de su libertad. Entre ellos se encuentran:
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Inspecciones corporales por personal femenino capacitado, respetando la dignidad, privacidad y evitando tratos degradantes.
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Prohibición absoluta de coerción hacia mujeres embarazadas durante su detención, parto o aborto.
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Acceso inmediato a revisión médica especializada, para garantizar la integridad física y documentar posibles maltratos.
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Derecho a reunirse con familiares, recibir asesoría legal y conocer las reglas del lugar de detención.
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Verificación del estado de embarazo desde el momento de la detención para atender sus necesidades médicas y emocionales.
La sentencia subraya la importancia de proteger la salud, integridad y derechos reproductivos de mujeres en situación de reclusión, así como evitar que se repitan casos similares.
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