Comisiones del Senado avalan reforma sobre doble nacionalidad para candidatos a cargos ejecutivos
En caso de ser aprobado por el pleno sin modificaciones, el proyecto será enviado a los congresos de los estados.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este miércoles, sin modificaciones, la minuta de reforma constitucional que establece restricciones para que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, fue recibida por el Senado durante la mañana y turnada a comisiones para su análisis. Horas después, los legisladores avalaron el dictamen y lo remitieron a la Mesa Directiva para que sea programado en el pleno.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. De acuerdo con el dictamen, quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo federal, de una entidad federativa o de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana en los términos establecidos por la reforma.
En la discusión, legisladores de oposición votaron en contra y argumentaron que la modificación restringe derechos políticos, particularmente de personas mexicanas con doble nacionalidad y de comunidades migrantes.
El senador emecista Luis Donaldo Colosio cuestionó el procedimiento legislativo y sostuvo que el Senado se estaba comportando como "mera oficialía de partes" de la Presidencia de la República, en referencia a la rapidez con la que fue analizada la minuta.
Por su parte, el senador panista Marko Cortés anticipó el rechazo de su bancada y afirmó: "No votaremos en contra de los derechos políticos de los migrantes". El coordinador del PAN en el Senado también ha sostenido públicamente que su grupo parlamentario considera que la reforma afecta a la comunidad migrante.
Desde Morena, el senador Manuel Huerta rechazó que la propuesta cuestione la mexicanidad o el compromiso con el país de quienes poseen una segunda nacionalidad. Morena y sus aliados han sostenido que el objetivo de la reforma está relacionado con los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva y con posibles conflictos de lealtad o soberanía.
El Partido Verde respaldó el dictamen, aunque su coordinador, Manuel Velasco, reconoció que algunos integrantes de su bancada poseen doble nacionalidad y no están de acuerdo con la modificación.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal y aprobada previamente por la Cámara de Diputados busca modificar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para establecer como requisito que quienes pretendan ejercer la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tengan otra nacionalidad.
El texto establece mecanismos para acreditar esta condición ante las autoridades electorales. La Cámara de Diputados modificó la propuesta original para que, en el caso de la elección presidencial, la acreditación de no contar con otra nacionalidad se realice antes de la declaración de validez de la elección.
La discusión también generó cuestionamientos sobre el impacto de la medida entre mexicanos que adquirieron una segunda nacionalidad, particularmente quienes emigraron y posteriormente obtuvieron la ciudadanía del país de residencia.
Tras la aprobación en comisiones, la minuta quedó en manos de la Mesa Directiva para su programación en el pleno. El presidente del Senado, Higinio Martínez, anticipó que existe la posibilidad de alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobarla.
Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los senadores presentes.
En caso de ser aprobado por el pleno sin modificaciones, el proyecto será enviado a los congresos de los estados para continuar con el proceso de reforma constitucional. Se requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales antes de que pueda ser promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La propuesta se encuentra todavía en proceso legislativo y, por tanto, las reglas constitucionales vigentes continúan aplicándose hasta que una eventual reforma sea aprobada por todas las instancias requeridas y entre en vigor.
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