Cobros de hasta 20 millones de pesos y clausuras: denuncian presunta red de extorsión y corrupción en isla Mujeres

En Quintana Roo, empresarios de isla Mujeres, denunciaron una presunta red de corrupción y extorsión dentro del gobierno municipal, que —aseguran— durante años ha utilizado dependencias como Protección Civil, Fiscalización y Ecología para imponer cobros irregulares, obstaculizar trámites y favorecer a determinados negocios.

Los señalamientos surgieron luego de la investigación de Milenio sobre presuntas extorsiones a comerciantes en Tulum, caso que derivó en el cese de un funcionario local. Empresarios de isla Mujeres decidieron hacer públicas situaciones similares que, afirman, ocurren en este municipio.

Entre los funcionarios señalados se encuentra William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, quien ha ocupado diversos cargos relacionados con infraestructura y gestión municipal a lo largo de distintas administraciones.

Los denunciantes consideran que su permanencia durante años en puestos financiados con recursos públicos amerita una revisión exhaustiva por parte de las autoridades.

También señalaron a Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del Ayuntamiento, a quien atribuyen un papel relevante dentro de la estructura político-administrativa de la administración encabezada por la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde y el grupo político relacionado con su familia.

Milenio solicitó la postura del Ayuntamiento de isla Mujeres sobre estos señalamientos, pero hasta el momento de la publicación no había obtenido respuesta.

Uno de los casos denunciados corresponde a Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales ubicado en la zona continental de isla Mujeres, negocio que operó durante aproximadamente 24 años y que fue clausurado por el municipio bajo el argumento de que existía un adeudo relacionado con el impuesto predial de un terreno ejidal.

Nava aseguró que el conflicto comenzó después de que se negó a entregar una presunta “cuota” relacionada con el material que comercializaba.

De acuerdo con su testimonio, posteriormente fue citado por Hugo Sánchez, quien habría solicitado información sobre la cantidad de material que salía de su establecimiento. Después, las autoridades le presentaron una cuenta cercana a los 20 millones de pesos, correspondiente, según explicó, a conceptos relacionados con Protección Civil, Ecología e impuesto predial.

“Para mí es extorsión de las autoridades”, afirmó Nava, quien sostuvo que durante años había trabajado con los permisos estatales correspondientes.

Tras rechazar los cobros que consideró irregulares, el establecimiento fue clausurado. El empresario aseguró que incluso obtuvo un amparo favorable, pese a lo cual los sellos permanecieron en el lugar.

Nava también cuestionó que otros bancos de materiales continúen operando mientras el suyo permanece cerrado. Según su versión, algunos de esos establecimientos tendrían acuerdos con funcionarios municipales.

“Queremos trabajar. Muchas familias y tiendas dependen de nosotros”, reclamó, al advertir que el cierre de su negocio también ha provocado un incremento en el precio de los materiales debido a que estos deben trasladarse desde otros municipios.

Otro empresario, quien solicitó permanecer en el anonimato, acusó a funcionarios municipales de utilizar distintas áreas del Ayuntamiento como mecanismo de presión contra comerciantes y empresarios.

Según su testimonio, Protección Civil, Fiscalización y Ecología serían utilizadas para imponer sanciones y requisitos de manera discrecional, mientras que algunos negocios serían beneficiados en detrimento de sus competidores.

El empresario sostuvo que este esquema estaría relacionado con intereses políticos de cara a las elecciones del próximo año.

“Hay un modus operandi por parte de la autoridad: utilizan a Protección Civil, Fiscalización y Ecología como garrote para aplicar cláusulas a la carta; protegen los monopolios de la familia Ricalde, eliminando la competencia y beneficiándose a través de cobros no apropiados a comerciantes, extorsiones y obstáculos sistemáticos para tramitar licencias y regular negocios”, denunció.

También afirmó que la problemática afecta a propietarios de marinas, muelles, bares, restaurantes y establecimientos de distintos giros, aunque muchos de ellos no se atreven a denunciar por temor a represalias.

El empresario pidió la intervención de autoridades estatales y federales para investigar los señalamientos y establecer responsabilidades.

Arturo, otro empresario que afirmó haber enfrentado una situación similar, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo luego de que, según su versión, fue clausurado por negarse a pagar una “mordida”.

El empresario hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de situaciones similares para que presenten denuncias y eviten que estas prácticas continúen.

“A la ciudadanía: denuncie, no nos quedemos callados y creamos que la autoridad va a hacer su trabajo”, expresó.

Aseguró que los presuntos cobros no se limitan a un solo establecimiento y que existen comerciantes a quienes les han solicitado cantidades de 30 mil o 40 mil pesos para poder continuar con sus actividades.

Los empresarios consultados también señalaron que la situación representa una carga adicional para el sector comercial y turístico de isla Mujeres, particularmente después de las afectaciones que ha provocado la disminución del turismo y la presencia de sargazo.

Los denunciantes pidieron que las autoridades investiguen la posible existencia de una red de corrupción y extorsión, así como los presuntos vínculos entre funcionarios municipales y determinados empresarios, y que se garantice que las licencias, permisos, clausuras y sanciones se apliquen conforme a la ley y sin favorecer intereses particulares.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de isla Mujeres no había emitido una respuesta pública a los señalamientos.

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