Aplazan audiencia de “El R1” por homicidio de Carlos Manzo; defensa solicita más tiempo
El agente del Ministerio Público formuló imputación contra “El R1” por el delito de homicidio.
La audiencia de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado por su presunta responsabilidad en el homicidio del exalcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue aplazada nuevamente luego de que su defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional por 144 horas.
Con esta solicitud, la audiencia se reanudará el viernes 7 de agosto a las 09:00 horas, cuando Álvarez Ayala vuelva a comparecer mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Durante esta primera etapa de la audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra “El R1” por el delito de homicidio, bajo la modalidad de presunto autor intelectual, relacionado con el asesinato de Carlos Manzo.
En la diligencia también estuvo conectada de manera remota Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo Rodríguez, en calidad de víctima indirecta.
A petición del Ministerio Público, la audiencia se llevó a cabo de manera privada, por lo que no se permitió el acceso de medios de comunicación.
Además de la acusación relacionada con el homicidio de Manzo, Álvarez Ayala enfrenta cargos del fuero federal por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud, en su modalidad de portación de drogas.
El pasado 30 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Álvarez Ayala y señaló que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la SSPC, Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el funcionario, la captura de “El R1” elevó a 31 el número de personas detenidas en relación con el homicidio de Carlos Manzo.
García Harfuch sostuvo que la detención representa un avance en la estrategia del gobierno federal para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional.
La operación, agregó, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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