Extienden prisión preventiva en El Salvador, frente a arrestos masivos de Bukele
El Congreso de El Salvador, controlado por el partido político Nuevas Ideas y liderado por el actual presidente Nayib Bukele, votó este fin de semana para dar a los fiscales del gobierno dos años más para detener a las cerca de 80 mil personas detenidas bajo el “estado de emergencia” mientras investigan sus presuntos vínculos con las pandillas del país. Al momento, casi todas estas personas no tienen sentencia.
El Congreso de El Salvador votó 57 a 3 a favor de extender el período de prisión preventiva.
Rodolfo Delgado, el Procurador General de la República, consideró que con la ampliación las autoridades podrán realizar investigaciones más completas, presentar pruebas sólidas y lograr sentencias contra integrantes que presuntamente pertenecían a grupos del crimen organizado.
Con el proyecto aprobado, los legisladores también dieron al gobierno la opción de extenderlo por otros 12 meses si fuera necesario.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido VAMOS, dijo el viernes pasado que esta aprobación demuestra la “incapacidad del gobierno para impartir justicia”.
“Han tenido más de dos años para hacer una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos, y como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea (Nacional) tiene que hacerle un favor a la Fiscalía General de la República”, añadió.
Tras un brote de violencia pandillera en marzo de 2022, Bukele solicitó a los legisladores poderes extraordinarios para responder a una masacre pandillera. Entre los derechos que el Congreso acordó suspender se encontraban el plazo máximo para llevar a un preso ante un juez, así como protecciones fundamentales como el acceso a un abogado.
Desde entonces, más de 88 mil personas han sido detenidas por presuntos vínculos con pandillas y el 90% de ellas aún esperan juicio.
En julio de 2023, el Congreso votó a favor de otorgar al gobierno 24 meses para procesar a un grupo de pandilleros. Ese plazo vence este mes, el 25 de agosto.
“Esta gran cantidad de personas no será juzgada en una o dos semanas”, dijo Delgado. “Se requiere un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que vinculan a cada uno de ellos y luego emitan veredictos conforme a la ley correspondiente”, concluyó.
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