Condenan a 15 años de prisión a activista de derechos humanos en El Salvador por fraude

Un tribunal de San Salvador condenó a 15 años de prisión al activista salvadoreño Fidel Zavala por el delito de estafa agravada, una sentencia que fue rechazada por la organización Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (Unidehc), que acusó al gobierno de Nayib Bukele de intentar silenciarlo por sus denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en centros penitenciarios.

De acuerdo con la resolución judicial, Zavala fue declarado culpable de defraudar a tres personas por un monto total de 4 mil 25 dólares, mediante operaciones que ocurrieron entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.

Según la acusación, el activista captaba recursos a través de supuestas oportunidades de inversión en el mercado de divisas (Forex), haciéndose pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V.

La compañía atraía clientes con la promesa de generar altas rentabilidades y ganancias. Sin embargo, cuando los inversionistas comenzaron a exigir los dividendos ofrecidos, Zavala argumentaba que las cuentas estaban bloqueadas.

Tras conocerse la sentencia, la abogada y vocera de Unidehc, Ivania Cruz, sostuvo que la condena busca silenciar a Zavala, a quien identificó como testigo clave y primera persona en denunciar al gobierno de Bukele por presuntos actos de tortura, muertes y corrupción en centros penitenciarios.

En un pronunciamiento, la organización rechazó el fallo y denunció presuntas irregularidades en el proceso, entre ellas la falta de debido proceso, una investigación fiscal incompleta, corrupción judicial y la supuesta omisión de pruebas favorables al acusado.

Unidehc anunció que presentará un recurso de apelación para que un tribunal superior revise lo que calificó como una sentencia arbitraria.

Por su parte, Amnistía Internacional, que ha dado seguimiento al caso, manifestó anteriormente su preocupación por la prolongación de la detención provisional de Zavala y advirtió sobre el presunto uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en El Salvador.

El proceso judicial contra el activista comenzó en 2022, cuando la Fiscalía presentó una acusación por estafa. Zavala permaneció detenido durante 13 meses, pero en 2024 fue absuelto. No obstante, el Ministerio Público apeló la resolución y consiguió que el caso fuera reabierto.

El nombre de Zavala también cobró relevancia en julio de 2024, cuando presentó un aviso ante la Fiscalía contra el ministro de la Defensa, el director general de Centros Penales y dos directores de penales, a quienes señaló por presuntos maltratos durante su detención.

Posteriormente, se incorporó como activista a Unidehc, pero en febrero de 2025 fue detenido nuevamente.

El caso ocurre en medio del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.

La medida suspende diversas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de las personas detenidas a conocer los motivos de su arresto y a tener acceso a un abogado. También permite a las autoridades intervenir telecomunicaciones sin una orden judicial y amplió el periodo de detención administrativa sin audiencia de 72 horas a 15 días.

Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas han reportado la captura de 93 mil 334 personas señaladas por pertenecer a pandillas o tener vínculos con estas. Bukele ha asegurado que alrededor de 8 mil personas inocentes fueron liberadas tras ser detenidas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado más de 6 mil denuncias de presuntas violaciones durante el régimen de excepción, así como la muerte de al menos 580 personas mientras permanecían bajo custodia de las autoridades.

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